Las adicciones y el consumo de drogas ilegales es un tema que el Estado ha tratado de atender bajo la óptica epidemiológica y criminal, con pésimos resultados. El esfuerzo desde el punto de vista de salud pública nunca ha contado con los recursos suficientes y la estrategia criminal sólo ha incrementado el número de reos, sin ningún protocolo de reinserción social. A su vez, ninguno de los dos campos se ha interesado por la manera en que trabaja el otro.

 

El resultado es que hoy no contamos con información sobre el tamaño del mercado de drogas ilegales en México, dado que no podemos estimar la demanda porque no hay datos públicos ni recientes de la Encuesta Nacional de Adicciones, y a pesar de que la Ley permite que la autoridad realice compras simuladas para adquirir drogas, se desconocen los ingresos potenciales de este mercado. En términos de política pública desconocemos la magnitud de este mercado ilegal y su impacto en la sociedad. Estas brechas de información son las que deberá cerrar la administración del presidente Enrique Peña Nieto para atender el problema en el mediano plazo. Pero hay acciones que se pueden hacer de manera inmediata, para disuadir y reducir el consumo y una de ellas es la información.

 

La pieza fundamental en toda política pública de prevención del delito es la información, sin sesgo ideológico y con credibilidad. Un ejemplo fueron las campañas para reducir el índice de contagio del virus VIH. A pesar de que no se contaba con toda la información disponible, eso no impidió que se lanzaran campañas sobre educación sexual, así como la promoción del uso del condón, no como un método anticonceptivo pero como un instrumento de prevención. A pesar de la politización del tema, el proporcionar información al público resultó uno de los grandes aciertos para reducir las muertes causadas por VIH. A su vez, quedó demostrado que las campañas de prevención fueron costo efectivas.

 

En el caso de las drogas, debemos seguir la misma ruta. Hoy tenemos un debate en la arena pública sobre la legalización de la mariguana. ¿Pero sabemos realmente cuáles son los efectos de la droga, sus consecuencias y los riesgos legales de su consumo? ¿Está la sociedad informada en estos temas? Más allá de politizar el tema, la autoridad debe informar sobre las drogas y cerciorarse que esa información llegue a los consumidores, que cada vez son más jóvenes.

 

En el sector salud, hay sectores que creen que entre más información exista sobre las drogas habrá un mayor consumo en la población. Sin embargo, el no hablar de ellas no hace que desaparezcan. Hoy en día los jóvenes pueden encontrar información en las redes sociales para aprender a fabricar mona, sembrar mariguana o realizar cortes de cocaína. Hay videos que promocionan el uso de las drogas y argumentan que estas no hacen daño a la salud.

 

En los EU, Inglaterra y España el gobierno produce información objetiva y realiza campañas de comunicación para que los consumidores potenciales estén enterados de los efectos y riesgos que implica usar drogas. La información es presentada sin ningún sesgo y la decisión de consumir o no sustancias ilegales depende del consumidor, ya que el inducir una acción o la otra hace que se pierda credibilidad. Esto ha creado varios beneficios. En primer lugar, crea un acercamiento entre la autoridad y los potenciales usuarios de droga que antes no existía. En segundo lugar, el gobierno se vuelve en un punto de información con credibilidad. y tercero, se construyen argumentos sólidos para reducir el consumo de sustancias ilegales. Estas campañas han sido polémicas, pero han logrado su objetivo de reducir el consumo en base a argumentos científicos sin engaños.

 

Si el gobierno quiere reducir el consumo de drogas en el país y desarticular la economía del narcomenudeo, además de hacer una nueva encuesta de consumo de drogas en el país e investigar los precios y disponibilidad de la misma, tendrá que informar a la sociedad los riesgos y efectos que producen la mona, la mariguana, la heroína, las tachas, los ácidos, la cocaína, el crack y las variaciones de estas drogas. Negarse a informar a la sociedad sería una decisión equivocada y dejar otra vez la puerta abierta al crimen organizado.