El Tribunal Electoral federal desechó uno de los dos recursos de queja que fueron presentados contra la Cámara de Diputados por la presunta omisión en que incurrió, al no designar a los tres consejeros del IFE que hacen falta desde hace casi un año.
Durante la sesión de este miércoles, la Sala Superior resolvió por mayoría desechar el recurso promovido por Álvaro Uribe Robles, al considerar que el promovente carece de interés jurídico y que no fueron afectados sus derechos político-electorales.
Lo anterior, toda vez que en actos no existe constancia de que Uribe Robles haya sido candidato a ocupar el cargo de consejero electoral del IFE que lo vinculara directamente con la omisión que reclama, de tal suerte que esta le hubiere causado de forma directa una afectación.
El único de los cinco magistrados presentes que votó contra el proyecto de sentencia que elaboró Pedro Esteban Penagos fue Flavio Galván Rivera, mientras que Salvador Olimpo Nava, Constancio Carrasco Daza y Alejandro Luna Ramos lo hicieron a favor.
Galván Rivera se pronuncio por ir al fondo del asunto, es decir, que los magistrados analizaran la omisión de la Cámara de Diputados en nombrar a los tres consejeros y si la falta de estos afecta la labor en el Instituto Federal Electoral (IFE).
Expuso que el demandante alegó violación a su derecho de votar y ser votado al no estar adecuadamente integrado, en términos constitucionales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
De tal manera que su interés jurídico o la falta de interés jurídico, dijo, no se puede sustentar en la situación de que forme o no forme parte de esa lista de 17 finalistas que elaboró la Comisión de Gobernación.
Aclaró que el demandante adujo violación a disposiciones constitucionales, ya que al no estar debidamente integrado el Consejo General del IFE, la Cámara de Diputados incurrió en una omisión por no haber nombrado a los tres consejeros faltantes desde el 31 de octubre de 2010.
Al reflexionar su voto a favor del proyecto de desechamiento, el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, recordó que las determinaciones que se toman en el IFE están apegadas a derecho aun con seis consejeros, pues existe mayoría.
Luna Ramos señaló que si las determinaciones del instituto son legales, luego entonces en qué le afecta al ciudadano este caso, y “digo que en absolutamente nada”.
Señaló que “lo ideal es que estuvieran los nueve consejeros debidamente designados. Sin embargo, para el efecto de la resolución, exclusivamente de cualquier toma de decisión, con que haya el quórum que establece la ley para que puedan tener legalidad sus resoluciones, con eso basta”.
Además del recurso resuelto este miércoles, en el Tribunal Electoral federal existe un segundo recurso de impugnación contra la Cámara de Diputados, por el incumplimiento de nombrar a los tres nuevos integrantes del Consejo General del IFE.
Este recurso fue asignado a la magistrada María del Carmen Alanis, quien informó que el martes venció el plazo para que la Cámara de Diputados le enviara un informe circunstanciado sobre este caso, para con base en ello elaborar el proyecto de sentencia respectivo.
En otro tema, el pleno de la Sala Superior confirmó las sanciones que el Instituto Federal Electoral (IFE) impuso a los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano por la difusión de spots en radio y televisión del movimiento “Proyecto Alternativo de Nación”.
Los promocionales fueron alusivos a Andrés Manuel López Obrador con miras a posicionarse para el proceso electoral federal de 2012. Al primero se le impuso multa por 473 mil 298 pesos y al segundo amonestación pública.
En otro caso, se confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán, con la que revocó la resolución del Instituto Electoral local, relacionada con la queja contra funcionarios del gobierno estatal.
Lo anterior, por realizar presuntamente actos anticipados de campaña y promoción personalizada con recursos públicos a favor del Partido Acción Nacional (PAN) y de Luisa María Calderón Hinojosa, candidata a la gubernatura por ese partido.
Por otra parte, se revocó el requerimiento de información que el secretario del Consejo General del IFE formuló al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por su presunta participación en un evento público realizado en Morelia, Michoacán.
Asimismo, al analizar un caso distinto, se ordenó a la Comisión Nacional de Garantías del PRD reponer el procedimiento respecto de la queja presentada por la diputada federal Mary Telma Guajardo, quien denunció la ilegal integración de René Juvenal Bejarano a la Comisión Política Nacional perredista. (Notimex)
mms