La coyuntura actual se encuentra atravesada por dos preocupaciones: la lacerante ola de inseguridad y violencia por la que atraviesa México y, por otro lado, la amenaza constante de una recesión económica, dadas las turbulencias internacionales que actualmente aquejan a Estados Unidos y a la zona euro.
En este contexto, desde hace tiempo se discuten dos temas que están íntimamente relacionados: por un lado si la economía mexicana está preparada para los embates que habría de enfrentar en una debacle económica a nivel mundial y, por otro, si la actual situación social en el país, afectada por las condiciones de inseguridad y violencia, no tiene implicaciones para el crecimiento económico.
Analicemos algunos elementos que permiten poner en contexto este debate y hacer un recuento de la posible relación entre violencia y economía, algunos estudios que han medido tal relación y cómo debe el país tomar en cuenta este contexto para que las declaraciones de tipo económico se den a la opinión pública con responsabilidad y veracidad.
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El debate acerca del impacto de la violencia en la economía se revivió en el país luego de un estudio realizado por el Banco de México. En él, el gobernador del organismo, Agustín Carstens, afirmaba que uno de los riesgos para el crecimiento económico en el corto plazo proviene de la inseguridad pública. Fue la primera vez que el Banco de México destacó en un informe trimestral de inflación a la inseguridad como una limitante o riesgo al crecimiento económico del país (El Universal, mayo 2011). Sin embargo, otra autoridad económica importante del Estado mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negó, a través de su entonces titular Ernesto Cordero, que la inseguridad en el país afecte el desempeño de la economía. Sostuvo que “afortunadamente, no hay evidencia de que la recuperación económica en México se esté desacelerando por el tema de la inseguridad” (El Universal, junio 2011).
También el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) intervino en el debate asegurando que sí hay indicios de que la inseguridad afecta la actividad económica, por lo que se requieren mayores recursos para enfrentar éste y otros problemas que aquejan al país. Sostuvieron que deben considerarse canalizar mayores recursos para enfrentar los problemas de pobreza, educación, salud y, evidentemente, la inseguridad pública, entre otros (El Universal, 2011). A partir del debate sostenido por los actores mencionados, la interrogante que surge en la opinión pública es: ¿Quién tiene la razón en este tema? ¿Afecta o no la violencia a la economía de un país?
LO QUE DICE LA EVIDENCIA EMPÍRICA
Los analistas económicos sostienen que en términos intuitivos, la violencia tiene un impacto transversal en la economía en al menos tres aspectos:
a) Aumenta los costos de producción, transacción y de seguridad para individuos y empresas;
b) Reduce la acumulación de capital físico y humano;
c) Deteriora el entorno institucional (BBVA Research, 2010).
Además de esto, sostienen que por lo general es la inversión privada la variable que más directamente se ve afectada por un entorno percibido como inseguro por parte de los agentes económicos (BBVA Research, 2010).
En este contexto, ha habido algunos esfuerzos empíricos en América Latina para medir el impacto económico de la violencia en los países de la región. Uno de los más significativos fue realizado a principios de siglo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde obtuvieron algunos hallazgos interesantes para varios países a finales de la década de los 90, entre ellos Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela. Encontraron que la violencia sobre los bienes y las personas representó una destrucción y transferencia de recursos de aproximadamente 14.2% del PIB latinoamericano de esa época; es decir, US$168.000.000; en capital humano se perdió 1.9% del PIB, porcentaje equivalente al gasto en educación primaria de la región en aquella época. En recursos de capital se perdió anualmente 4.8% del PIB, es decir, la mitad de lo que fue la inversión privada. Y por último las transferencias de recursos que se realizaron entre las víctimas y los criminales alcanzaron 2.1% del PIB, porcentaje superior al del efecto distributivo de todas las finanzas públicas de la región para aquellas fechas (Londoño, Gaviria y Guerrero, 2000).
Otro estudio, más reciente, lo realizó el grupo BBVA Research. A través de un modelo económico de datos panel para diez países de América Latina (Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay), durante el período de 1980 – 2005, encontraron que la violencia tiene un impacto negativo en el PIB per cápita y otro indirecto vía la acumulación de capital, impacto que en conjunto y con los márgenes de error podría llegar a ser del 1.1% anual del PIB; además estimaron que una reducción de 10 puntos porcentuales en el ritmo de variación de la tasa de homicidios resulta consistente con un alza en el crecimiento del PIB per capita de hasta 0.5 puntos porcentuales (rango entre 0.3 y 0.7 pp) (BBVA Research, 2010).
Estas evidencias señalan que en el mediano y largo plazo, el factor de la violencia genera un deterioro en el sistema económico del país en donde se presenta. No son menores entonces los resultados de algunas encuestas que se han presentado para medir el clima de confianza en los negocios en el país. La encuesta sobre las expectativas sobre la economía de los expertos del sector privado, elaborada por el Banco de México (Banxico), señala que uno de los factores que puede afectar el desempeño económico es la inseguridad pública. 17% de los especialistas opinan que la violencia puede afectar el futuro económico del país, ubicando este factor como el tercero en orden, detrás de las perspectivas de la economía mundial (28%) y la incertidumbre por la situación financiera internacional (23%) (Banxico, 2011). Se observa que el porcentaje otorgado al factor de percepción de la violencia sobre la economía ha venido en descenso desde principio de este año, pero no se puede argumentar que sea debido a que los especialistas le otorguen menos importancia al tema, sino porque las turbulencias recientes en el mercado internacional han llamando cada vez más su atención y suponen una causa de preocupación creciente.
Por otro lado, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) elaborado por el INEGI con cifras a septiembre de 2011, disminuyó 0.2% al situarse en 97.7 puntos (abril de 2009=100) frente al reportado en septiembre de 2010 que fue de 98 puntos. El retroceso medido a tasa anual del IPSP en el mes de referencia, se debió a los descensos en los componentes que dan cuenta de la seguridad personal en la actualidad respecto a la de hace 12 meses; la seguridad pública en el país hoy en día, comparada con la que se tenía hace 12 meses, y del grado de confianza del entrevistado al caminar solo por el rumbo donde vive entre las 4 y 7 de la tarde. Pero a pesar de este ligero avance del indicador, cabe destacar que aumentaron los componentes referidos a la seguridad personal esperada dentro de 12 meses respecto a la actual y a la seguridad pública en el país dentro de 12 meses con relación a la situación actual (INEGI, 2011).
PREOCUPACIÓN EMPRESARIAL
Aunado a esta percepción se puede sumar la encuesta elaborada hace unos meses (marzo 2011) por la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM, por sus siglas en inglés) y la empresa de seguridad Kroll, en donde se destaca que si bien de 2009 a 2011 la extorsión por crimen organizado y la corrupción ganan terreno como la causa principal percibida por los empresarios, ha disminuido esta percepción para cuestiones como la impunidad en procesos judiciales, la fuga por empleados y ex empleados, el robo de información y la violación de tecnología. Lo anterior puede indicar que las preocupaciones tradicionales de los empresarios han quedado de lado frente al clima de inseguridad y de corrupción en el país (AMCHAM, 2011).
Dicha encuesta señala que la principal preocupación de las empresas es la seguridad de los empleados. Al revisar cuáles son los principales acontecimientos negativos relacionados con la inseguridad que han padecido las empresas, se entiende por qué están tan preocupados por la seguridad de los empleados. Cerca de 60% de las compañías encuestadas han padecido agresiones o amenazas contra empleados. El segundo acontecimiento más mencionado fue la violación a la cadena de transporte, que ha sido padecida por poco menos de una tercera parte de las empresas. Sólo 16% de las empresas han enfrentado extorsiones por grupos del crimen organizado y, sin embargo, es tan amenazante que la ven como la principal causa que lleva a la inseguridad interna de la empresa. Destaca también que los secuestros y agresiones al cuerpo ejecutivo se encuentren hacia el final de la lista de preocupaciones.
La mayoría de los empresarios considera que son sus acciones las que están teniendo mayores efectos positivos en la seguridad de sus propias empresas. El 20% reconoce que los esfuerzos de las autoridades mexicanas han contribuido a las mejoras en seguridad. El porcentaje disminuyó un poco para las autoridades mexicanas (23-20%) entre 2010 y 2011, y subió un poco para las mejoras en seguridad dentro de la compañía (77-80%). Sin embargo, información de la encuesta revela que las empresas prácticamente no han cambiado el porcentaje de sus costos operativos que destinan a cuestiones de seguridad. 40% de las empresas reporta que gasta menos de 2% de sus costos operativos en seguridad y 30% que gasta entre 2 y 4 por ciento. Este gasto entre las empresas en México es bajo respecto a las compañías operando en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje promedio es de 7%. Aun así, 47% de las empresas consideraron en 2011 aumentar su inversión en seguridad.
A pesar de que su inversión en seguridad no muestra una gran preocupación de las empresas por el clima de inseguridad en México, éstas sí señalan que se sienten más inseguras que en años anteriores. Casi 60% de los encuestados considera el fortalecimiento del crimen organizado como la causa principal del deterioro del clima de seguridad, 23% piensa que son las ambigüedades en la ley y la jurisdicción, 7% piensa que es el desempleo, 5% que es la polarización de las fuerzas políticas y 4% que es la alta desigualdad de ingresos.
El clima de inseguridad ha provocado que varias compañías hayan limitado viajes a México. 8% de las empresas -de las cuales la mayor parte son empresas pequeñas, de entre 50 y 250 empleados en México- han considerado mudar sus operaciones a otros países y 27% han reconsiderado sus inversiones o planes de crecimiento en México debido a la situación de inseguridad. Este último porcentaje fue el mismo en el 2010, por lo que las intenciones de las empresas de reducir sus operaciones en México no crecieron.
Tal y como lo señala la teoría económica, suelen ser las percepciones y las expectativas futuras de los agentes económicos sobre un país las que producen ciertos resultados económicos, y en este caso, las cosas apuntan a que las mismas expectativas sobre el clima de inseguridad pueden llegar a traer resultados desfavorables para la economía mexicana en el mediano plazo.
CONCLUSIÓN
Estudios de instituciones financieras serias muestran cómo en América Latina se deterioraron los niveles de crecimiento económico de los países debido a los altos niveles de violencia, o por un aumento en los indicadores que miden tal fenómeno. En México si bien en el corto plazo la Inversión Extranjera Directa (IED) –variable que según los expertos tiende a ser la más golpeada por el clima de violencia- no se ha afectado, es importante no poner fuera de contexto esta situación, ya que puede ocultar ciertas tendencias que pueden afectar a la economía nacional en el mediano o largo plazo.
El ambiente político del país, orientado fundamentalmente a las próximas elecciones de 2012, puede llevar a una situación de opacidad en cuanto a declaraciones y acciones que busquen simplemente beneficiar electoralmente a los sectores políticos involucrados, pero que pueden ser poco afortunadas para el manejo económico y social de los asuntos del país. Si bien es cierto que un discurso económico pesimista de las autoridades puede llegar a ser perjudicial para la actividad económica de un país, este discurso tampoco debe asumir posturas en donde se esconda a la sociedad las consecuencias que determinados hechos pueden tener sobre la economía, debido a que esa negligencia de elaborar un adecuado diagnóstico de la situación actual puede llevar a decisiones equivocadas por parte de las autoridades y de los demás agentes económicos, lo que traería consecuencias peores que si se asumieran las actuales condiciones socioeconómicas y se orientaran las acciones de gobierno según dicho diagnóstico.
Son varias las advertencias y evidencias que desde diversos ámbitos del sector privado se han mostrado para revelar las consecuencias para la economía de persistir el clima de violencia en México. La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) estima un impacto de 7% del PIB. El costo de la violencia para México supone que cada persona al año destinaría cerca de 9 mil 640 pesos en promedio en temas relacionados con la inseguridad (El Universal, 2010); JP Morgan asegura que ese rubro sería menor, 1.5% del PIB (Animal Político, 2011). La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sostiene que el negocio inmobiliario de la inversión privada cayó de 50% a 60% en los últimos tres años, en el que ciudades turísticas fueron seriamente afectadas como San Miguel de Allende, Guanajuato, donde el valor de las propiedades bajó más de 40% con relación a 2008, y en Puerto Peñasco, Sonora, donde las ventas disminuyeron más de 50% con relación a 2008 (El Universal, 2010). Aunado a lo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reportó que durante el primer trimestre de este año se registró una caída de casi 10 por ciento en los ingresos del sector turístico, en comparación con el mismo periodo de 2010 (Reforma, junio 2011). La evidencia de estos hechos afectan sin duda las expectativas económicas de los empresarios, lo que puede desencadenar que en el largo plazo la violencia afecte a indicadores económicos importantes como lo es la IED, y en general a todo el crecimiento económico del país.
Referencias
AMCHAM (2011). Impacto de la seguridad en México en el sector privado. Disponible en: <http://www.amcham.org.mx/CWT/EXTERNAL/WCPAGES/Committees/Security.aspx>
Animal Político (2011). Inseguridad cuesta 1.5% del PIB: JP Morgan. Nota del 10 de junio de 2011. Disponible en: <http://www.animalpolitico.com/2011/06/inseguridad-cuesta-1-5-del-pib-jp-morgan/>
Banco de México (2011). Encuesta sobre las expectativas en economía del sector privado: septiembre 2011. 3 de octubre 2011. Disponible en: <http://bit.ly/nyD7MC>
BBVA Research (2010). México, maduración cíclica en un entorno menos favorable. Boletín Situación México, Cuarto Trimestre de 2010. Ciudad de México. Disponible en: <http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1004_SituacionMexico_28_tcm346-235029.pdf?ts=2962011>
El Universal (2010). Inseguridad frena inversión turística. Nota del 23 de septiembre de 2010. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/82122.html>
El Universal (2010). Inseguridad cuesta 7% del PIB: CONCAMIN. Nota del 29 de septiembre de 2010. Disponible en:<http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/82214.html>
El Universal (2011). Inseguridad sí afecta economía: Banxico. Nota del 12 de mayo 2011. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/86269.html>
El Universal (2011). Cordero desdice a Banxico; inseguridad no afecta economía. Nota del 2 de junio de 2011. Disponible en: <http://www.eluniversal.com.mx/notas/769943.html>
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011). Índice de percepción sobre la seguridad pública. 5 de octubre 2011. Disponible en: <http://bit.ly/pvbkGY>