Miedo, pago semanal de protección, balaceras y frustración eran el pan de cada día para Walter Lovera, propietario de un pequeño comercio, que hasta hace dos meses operaba entre la calle 27 y avenida Juárez; para ser exactos, a (escasas ocho calles) del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

 

Los buenos recuerdos de una ciudad quedaron atrás, cuenta: “Me tocó ver cómo dos menores edad con armas de fuego mataban sin piedad a la dueña de la estética y a su novio por no pagar la extorsión. También, semanas atrás balacearon al puesto de Burritos Reyna y lo más difícil fue cuando hubo un enfrentamiento entre la policía y hombres del crimen organizado. Lo único que hice fue medio bajar la cortina y esconderme en el baño hasta que terminó todo, cuenta.

 

La capital chihuahuense no era así hace cuatro años, dice Lovera, “aquí no pasaba nada de eso” y mucho menos nos cobraban “una cuota” para seguir vendiendo, pero mi autoempleo duró poco tiempo porque no podía pagar una renta adicional de mil 500 pesos a la semana y realmente no se puede seguir viendo así.

 

El comerciante detalla a 24 Horas que las cuotas cobradas por la delincuencia organizada dependen del giro comercial, por ejemplo a los Burritos (Reyna) les pedían de 15 mil a 20 mil pesos, “a la señora de las gorditas” su pago era de 300 pesos diarios.., “¿crees que así se podrá seguir trabajando?”.

 

De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, director general de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Plutarco Elías Calles (ANPEC), al menos 48 mil establecimientos de sus 600 mil afiliados han dejado de vender sus productos y materias primas porque “les cobran una cuota extra por no robarlos, molestarlos o secuestrarlos”.

 

Actualmente las bandas de criminales exigen un pago a “una tiendita exitosa”, pero sus ganancias ni siquiera superan los 6 mil pesos. Ante la falta de recursos económicos para saldar la extorsión, los tenderos prefieren dejar de operar y perder sus únicos ingresos, explica el representante.

 

El fenómeno no se limita sólo al norte y al noreste del país. Ya alcanzó y puso contra la pared a los negocios en la zona del Bajío, a estados como Tamaulipas, Veracruz, e incluso el problema ya está en el Distrito Federal, que es considerada la cuidad más segura en México.

 

Un pequeño empresario, que pide el anonimato, cuenta que era propietario de un negocio dedicado a la venta de vasos de plástico allá en Valle de Chalco, “pero de la noche a la mañana fueron una serie de robos y asaltos, hasta que un día recibí un disparo en el pecho”.

 

Gerardo Velázquez, director general del Instituto Mexicano de Impulso al Comercio de Abarrotes y Misceláneas (IMICAM), asegura que han tenido 300 cierres de tiendas por la extorsión, especialmente por la negativa de contribuir con una renta adicional para los criminales, pues ya no les alcanza el flujo de ganancias para mantener en funcionamiento su negocio y su autoempleo.

 

La IMICAM cuenta con cerca de 115 mil afiliados en el territorio nacional, pero “los cierres de establecimientos son muchísimos”, toda vez que hace tiempo no se veían, dice.

 

Grupos de personas armadas llegan con tarjetas clonadas, vienen por su pago de derecho de piso y a las últimas fechas se acercan a dejar productos ilegales, diciéndonos que debemos comprar y comercializar, menciona Manuel Cardona, director de Relaciones de Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

 

Los delincuentes arriban a una tienda de conveniencia a pedir cantidades de entre 30 y 50 mil pesos en ciudades como Ciudad Juárez, Nuevo León, y en municipios de Sinaloa, Veracruz y Coahuila, expone el directivo.

 

Por el momento hay saldo blanco, no hay vidas que lamentar por oponernos a la extorsión y a la distribución de productos irregulares, porque hemos creado una alianza informativa entre las cadenas y hemos pedido el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, añade.

 

No así para Felipe Cajero, originario de Puebla, que tenía un negocio rentable en un mercado de Tijuana, Baja California. De ahí obtenía dinero para mantener a su familia, enviaba unos cuantos pesos a su madre que dejó en su estado natal, incluso se dio el lujo de comprar un vehículo. Pero de un año a otro cambió toda esa vida de comodidad y fue cuando un grupo le comenzó a cobrar una cuota de 200 pesos al día para dejarlo trabajar. Un dinero que daba sin excusas ni pretextos. Bastaron seis meses para que el sustento de Felipe no fuera funcional y la presión del pago aumentaba. Fue entonces que tomó la decisión de abandonar y empezar de nuevo una vida sin presiones.

 

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El costo de la inseguridad

El costo de la inseguridad en México es de 20 mil millones de dólares, lo cual representa entre 1 y 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, calcula el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Estado de México.

 

Un incremento de 1 por ciento de la criminalidad anual provoca un alza de 0.7 por ciento en los índices de pobreza, un aumento de 0.32 por ciento en el número de trabajadores informales y un avance de 0.33 por ciento de empleados sin contrato.