Esta semana los senadores deberán votar el monto y la estructura de los ingresos de la Federación estimados para 2012 que ya fueron aprobados por los diputados el jueves pasado y que alcanzan la suma histórica de 3 billones 706 mil 922 millones de pesos.
En esencia los diputados –como es costumbre de cada año- aprobaron una Ley de Ingresos que apuesta peligrosamente a la buena suerte, a los intereses políticos de corto plazo y a ‘nadar de a muertito’ con miras hacia el próximo gobierno. No hay ninguna intención para apuntalar la debilidad fiscal de las finanzas públicas.
Veamos tres factores que sustentan lo que estoy diciendo:
La discusión sobre finanzas públicas se concentra en cómo aumentar y repartir el gasto, sin reparar en la fortaleza o debilidad estructural de los ingresos en el largo plazo. Una muestra es que el déficit público en los últimos años, incluyendo el propuesto para 2012, ha sido de los más altos de la última década y media, principalmente por un mayor gasto asociado tanto al gasto del sector público como a las participaciones y aportaciones a entidades federativas y municipios. Todo ello ocurre mientras que el ingreso crece a un ritmo menor que el gasto apoyado en mayores precios petroleros coyunturales y en mayores ingresos tributarios derivados de modificaciones al marco tributario (mayor IVA, nuevo IETU y administración tributaria).
No se ha modificado sustancialmente la petrolización de las finanzas públicas. Más de 40% de los ingresos del gobierno federal provienen de los ingresos petroleros, un nivel similar al que teníamos hace una década. Para 2012 el argumento es el mismo de siempre: aprobar un mayor presupuesto de gasto apostando a un ingreso petrolero ‘constante’ en el tiempo. La proyección que realiza Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica hacia 2017 mantiene el mismo supuesto de que el petróleo seguirá contribuyendo con un elevado porcentaje del ingreso del gobierno federal. Este factor sigue pesando negativamente en la evaluación del ‘Riesgo-México’ que realizan periódicamente las calificadoras de riesgo internacionales sobre la calidad de la deuda mexicana.
El incremento aprobado en los ingresos de la Federación para 2012 apuesta –como en los últimos años- a transferir el grueso de los recursos de gasto que ejercen tanto estados como municipios, quitándoles a éstos la carga política de la recaudación. Un dato del monto de éstos recursos es ilustrativo: Entre 2006 y 2008 el monto de participaciones y aportaciones a los Estados sumaron 2.8 billones de pesos de 2009 mientras que las transferencias que se realizaron en el Plan Marshall entre 1948 y 1951 significaron 1.6 billones de pesos de 2009 (Óscar Vera). En ambos casos los resultados económicos por eficiencia en el uso de los recursos públicos salta a la vista, por lo que el problema de finanzas públicas en México no es de escasez de recursos disponibles, sino del uso y destino que se les da.
Por todo lo anterior es que la debilidad fiscal de las finanzas públicas continuará en 2012 y la calidad de Ley de Ingresos que aprobaron los diputados así lo atestigua: No hay ningún cambio para fortalecerla, pero sí para obtener más recursos basados en la inercia y en la buena suerte.
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