Al igual que ocurre con los elementos de Marina y Ejército, las bajas en las filas de la Agencia Federal de Investigación (AFI) se han incrementado casi al doble durante la actual administración federal, sobre todo en estados donde opera la delincuencia organizada.
Entre las modificaciones del mapa de riesgo de estos agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), destaca el incremento de ataques en el Estado de México, Durango y Tamaulipas.
En la primera de estas entidades han crecido las muertes violentas vinculadas con células de organizaciones delictivas como “La Familia Michoacana” o “Los Zetas”, principalmente en municipios conurbados como Nezahualcóyotl o La Paz.
De acuerdo con datos proporcionados por la PGR, un total de 159 agentes de la AFI han muerto desde que se creó esta corporación de investigación policial en 2001.
La tendencia, sin embargo, se ha modificado respecto al número de agentes caídos y las zonas donde se presentarán las bajas.
Durante la administración del presidente Vicente Fox, se registró el deceso de 59 agentes federales, 10 en el año 2001, 14 en el 2002, 17 en el 2003, 11 en el 2004, tres en el 2005 y cuatro en el 2006.
En esa etapa, la muerte de los policías federales se concentró primordialmente en el Distrito Federal, con 35 casos. En otras entidades, se registró un promedio similar de dos a tres pérdidas de elementos de la AFI.
Por otra parte, en lo que va del actual sexenio, suman ya 100 los decesos de efectivos de la AFI. De ese total, 25 ocurrieron en 2007, 23 en el 2008, 25 en 2009, 17 en el 2010 y 10 del 1 de enero al 25 de agosto del presente año.
A diferencia de lo ocurrido en el sexenio anterior, la muerte de los agentes se diversificó, al grado de que en la capital del país solo se registraron cuatro decesos, situación contraria a la de otras entidades con alta incidencia de delitos graves atribuibles al crimen organizado.
Por ejemplo, el Estado de México acumula en este lapso 16 decesos de los referidos servidores públicos; Durango, 12; Chihuahua, ocho; Tamaulipas, siete; Sinaloa y Sonora, seis, respectivamente, y Guerrero, cinco, entre otros.
De mantenerse el promedio de decesos de elementos de la AFI durante el gobierno de Calderón, el sexenio podría cerrar con cerca de 130 agentes muertos; es decir, un incremento superior al 100 por ciento respecto al periodo anterior.
De acuerdo con reportes del gobierno federal, en el Ejército mexicano suman 174 los elementos asesinados en los operativos contra el crimen organizado desde el 2007, lo que representa un incremento el 900 por ciento respecto a la pasada administración. En la Marina por su parte, suman 21 los efectivos caídos en este gobierno.
El último caso de un elemento de la AFI asesinado ocurrió el pasado 25 de agosto en el municipio de Chalco, estado de México, cuando se encontró sin vida el cuerpo de Ramón García Castillejos, con dos impactos de bala, en el interior de una camioneta modelo Lincoln.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 11 de marzo, fue baleado dentro de un vehículo el policía federal ministerial Jesús Rico Pulido, de 49 años, quien participaba en una investigación relacionada con delincuencia organizada y narcomenudeo.
Por lo que respecta al Distrito Federal, el último caso significativo fue el crimen de Roberto Velasco Bravo, ex titular del área de crimen organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la AFI, quien fue baleado por varios sujetos en el exterior de su domicilio en la delegación Miguel Hidalgo.
Depuración en la AFI
Autoridades de la PGR informaron a 24 Horas que por instrucciones de la procuradora Marisela Morales, se extenderán los trabajos de depuración que ya se realizan en otras áreas al seno de la AFI, con la finalidad de combatir la corrupción y eficientar el trabajo que actualmente se lleva a cabo.
Sin precisar cifras, indicaron que se plantea dar de baja en próximos días a elementos y mandos que no han superado los exámenes de control de confianza que se aplicaron a los cerca de cuatro mil elementos con los que cuenta la corporación.
De igual forma se revisarán los esquemas operativos con la finalidad de impulsar un mayor trabajo de investigación que derive en una mejor y más expedita resolución de los casos.
Respecto al deceso de los elementos, se analizará el esquema de prestaciones a los deudos, que actualmente incluye el pago de 108 meses de sueldo íntegro como parte del seguro de vida, los gastos de defunción que equivalen a cuatro meses de sueldo; la recuperación de las aportaciones al ISSSTE, entre otros.