Al cierre del mes de septiembre el gobierno federal lleva contabilizadas 6,634 ejecuciones en el país. El  84% de estos asesinatos fueron hechos por arma de fuego, de este universo hay 2,934 casos donde la autoridad desconoce el calibre, por ende no hay una arma qué identificar y sí un camino libre a la impunidad. Cualquier investigador sabe que es dentro de las primeras 24 Horas cuando se debe asegurar la escena del crimen para poder utilizar la evidencia.  En este caso la evidencia mínima no existe, y cualquier “asesino confeso”, “testigo protegido” o “testigo presencial” que inculpe a un homicida, seguro saldrá libre por este descuido de las autoridades.

 

La lista de excusas del Gobierno Federal para no resolver estos homicidios es larga, culpa a los vendedores de armas en Estados Unidos cuando desconoce el armamento con que se realizó el crimen.  La base de datos y sistema para rastrear el origen de las armas vendidas en Estados Unidos, llamada E Trace y donado por la ATF a las autoridades mexicanas, no se explota debido a que no hay personal que hable inglés, pero ninguna base de datos funciona si no se alimenta con información.

 

A pesar de que el gobierno federal argumenta que estos asesinatos son bajas entre grupos delictivos, 96% de los homicidios cometidos no tienen identificado si la víctima pertenece a un grupo delictivo y mucho menos que grupo fue el que realizó el atentado.  Las declaraciones  de funcionarios públicos tendrán que ser justificadas,  para determinar si éstos mintieron o solamente son incompetentes.

 

Pero la tragedia de este fenómeno es la nula probabilidad que se haga justicia ya que es muy poco probable que la autoridad identifique a los agresores y mucho menos que estos sean juzgados, por la falta de evidencia.

 

La tendencia de este fenómeno es preocupante ya que al revisar los datos, es evidente que existen cada vez más casos de menores de edad asesinados. Esto es consistente con los datos publicados por el INEGI, donde se observa que la primera causa de muerte en el segmento de la población que será el futuro del país es el homicidio. El bono demográfico, que identificaron los analistas en el año 2000, ahora se convirtió en una masa de 7 millones de jóvenes llamados NINIs, que además de tener la incertidumbre laboral y la falta de espacios en el sistema educativo, ahora temen ser ejecutados durante el fin de semana.

 

Si hoy terminaran las ejecuciones y asesinatos en el país, el presidente Calderón aún tendría un saldo pendiente para resolver los 45,000 asesinatos durante su sexenio. En primer lugar tendría que identificar a los agresores; en segundo lugar, justificar por qué argumentó que eran ajustes de cuentas entre grupos delictivos cuando su propia información lo desmiente, y en tercer lugar explicar por qué no hay un esfuerzo gubernamental o política pública para resolver los homicidios.

 

Si en México el presidente Calderón no rinde cuentas, su administración y el papel de sus colaboradores será juzgada en el ámbito internacional, ya sea por omisión o complicidad. Ahí está la demanda que se presentará ante la Corte Penal Internacional el próximo mes, que seguramente será la primera de varios esfuerzos por llevar justicia a las víctimas y esclarecer los 45,000 homicidios que la presente administración no ha podido resolver ya sea por negligencia ó incapacidad.

 

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