Los presuntos integrantes de “Los Zetas” vinculados con el ataque al casino Royale de Monterrey se dedicaban a delitos paralelos al narcotráfico que cometía esta organización delictiva, algunos del fuero común.
De acuerdo con la declaración ministerial de Antonio Camacho Jaco, alias “Bogart”, uno de los cuatro aprehendidos por el Ejército mexicano a través de la Cuarta Región Militar, otros ilícitos del grupo eran el robo de vehículos, el secuestro, el trasiego de drogas, la portación de armas y el seguimiento a las actividades de las autoridades, además del homicidio.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tras la captura de estos dos implicados en el crimen de 52 personas en el casino Royale, suman ya 15 detenidos y restan otros tres más, por lo que autoridades federales y militares, en conjunto con las de Nuevo León, mantienen su búsqueda para procesarlos penalmente.
Supermercado del crimen
Estos delitos del fuero común no son los únicos que cometen integrantes de “Los Zetas” en el país. Apenas el 8 de septiembre pasado, el contralor General de Pemex, Fortunato Álvarez Enríquez, acusó que este grupo criminal participa en el robo de combustible, a través de tomas clandestinas, principalmente en Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Oaxaca, Baja California, Tabasco y Campeche.
Este tipo de actividades deja a la petrolera mexicana pérdidas de entre los 5 mil y 6 mil millones de pesos anualmente.
Otro campo cuya falta de legislación ha provocado que “Los Zetas” operen con impunidad es en la trata de personas, cuyas redes se extienden por Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México, pasando por los polos turísticos de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún.
En este tema, la procuradora General de la República, Marisela Morales, ha reconocido que la falta de leyes estatales en la materia ha impedido el castigo a este tipo de delitos.
Las actividades ilícitas de “Los Zetas” también se ocupan de la explotación de migrantes centroamericanos, a quienes obligan a trabajar en Estados Unidos o los enrolan en sus filas para que trabajen como traficantes de drogas, extorsionadores, secuestros, robos o piratería.
Este último ilícito tampoco escapa de este grupo criminal. Desde 2008, “Los Zetas” se han hecho del control de la venta de discos y películas piratas en Veracruz, Tabasco, Puebla, Distrito Federal, Guerrero, Chihuahua y San Luis Potosí.
Una frase que describe de manera global la actividad ilícita de esta organización criminal la hizo en agosto pasado el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, quien los acusó de ser una especie de “supermercado del crimen”, porque hace de todo.
“Matan, secuestran, roban, extorsionan, cuidan droga, la roban, la venden, hacen de todo. Ellos no están en un esquema de mafia, porque sabemos que las mafias tienen sus códigos, sus reglas y por eso se llaman mafias; entonces, los cárteles son mafias, pero Los Zetas son una estructura de tipo militar”.
“Así como pueden quitarle la cabeza a 27 campesinos, como lo hicieron en Petén, igual se extorsiona a un fiscal, secuestran o acosan a un juez, en fin, son un supermercado del crimen donde puedes comprar cualquier tipo de crimen”.
Antecedentes criminales
13 diciembre 2008
Una célula de 22 “zetas” detenida en Coahuila confiesa que entre sus encomiendas estaba robar combustible de ductos de la paraestatal en pipas, las cuales eran guardadas en casas de seguridad para después comerciar la gasolina.
Abril de 2010
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) revela que en tianguis del DF, Ciudad Juárez, Acapulco y otras regiones del país ha detectado la huella del narcotráfico al alcance de miles de consumidores de CD piratas, cuyo precio por ejemplar no rebasa 20 pesos.
23 septiembre 2011
La procuradora General de la República, Marisela Morales, admite que “Los Zetas” controlan redes de trata de personas en Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México, así como en los destinos turísticos de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún.
18 octubre 2011
La PGR inició una averiguación en contra de tres personas que tenían secuestrados en una casa de seguridad en Piedras Negras, Coahuila, a 61 personas a las que pretendían obligarlas a trabajar para el grupo delictivo de “Los Zetas”. Estas personas pretendían cobrar entre 600 y tres mil dólares por cruzarlos de manera ilegal a Estados Unidos. Las personas eran interceptadas en las afueras de la central de autobuses de esa misma ciudad.