MONTGOMERY, Alabama. El epicentro de la lucha por la reforma a la ley de inmigración de Estados Unidos no está en Arizona, que tiene frontera con México, sino en el estado suroriental de Alabama.
Este factor ha hecho que la ley más dura contra la inmigración de personas que carecen de los correspondientes permisos para residir en el país esté siendo comparada con el movimiento por los derechos civiles que hace más de cuatro décadas protagonizó la población estadounidense de origen africano en este mismo estado.
Casi con seguridad la nueva ley estatal terminará en la Corte Suprema de Estados Unidos, pese a que Arizona, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur han aprobado leyes similares.
Con todo, tanto detractores como simpatizantes de la nueva iniciativa coinciden en que ninguna de las otras leyes estatales es tan estricta como la de Alabama, bloqueada temporalmente y que requiere que las escuelas comprueben si sus estudiantes cumplen con la ley migratoria.
Los partidarios de esta legislación consideran necesaria esta cláusula, alegando que impedirá que quienes no tienen autorización para residir legalmente en Estados Unidos le quiten puestos de trabajo a residentes legales.
Su estatus como la ley más estricta en el país contra los inmigrantes que ingresaron al país sin permiso, junto con las inevitables comparaciones de la comunidad hispana con los afroestadounidenses de las décadas de 1950 y 1960, hacen que sea casi una certeza que la ley será una prueba para el tribunal más alto de Estados Unidos.
“Realmente le ofrece a la Corte Suprema una amplitud enorme para remodelar lo que significa ser un inmigrante (sin permiso de residencia) en Estados Unidos”, dijo el abogado Foster Maer, que representa a la organización activista LatinoJustice en Nueva York, que impugnó judicialmente la ley.
Los oponentes sostienen que el requisito escolar de la nueva ley recuerda los tiempos del gobernador George Wallace parado a la entrada de una escuela para evitar la entrada de estadounidenses de origen africano.
“Hoy tenemos normas diferentes a la entrada de la escuela. Hay gestiones para intimidar a los menores que tienen el derecho constitucional de asistir a clase”, dijo el presidente de la organización activista Southern Poverty Law Center, Richard Cohen.
Aunque no existen estadísticas fiables, las escuelas dijeron que en la actualidad hay menos estudiantes hispanos acudiendo a clases. En algunos casos hasta un 10% ha preferido desertar de las escuelas desde que la ley entró en vigencia hace un mes.
Los inmigrantes que carecen de los debidos permisos para residir legalmente en el país y que fueron entrevistados por The Associated Press dijeron que sus hijos fueron amedrentados y conminados a regresar a México, mientras que otros temen ser detenidos y deportados.
El procurador general de Alabama, Luther Strange, culpa al Departamento de Justicia del presidente Barack Obama de alentar las comparaciones con el movimiento de los derechos civiles al pronosticar falsamente que la ley dará pie a una discriminación generalizada y el encasillamiento racial dominantes en la Alabama de otrora.
“Creen que hay un Bull Connor en cada esquina de Alabama, lo cual no tiene nada que ver con la realidad del estado”, dijo en referencia al comisionado se seguridad pública que azuzó a perros entrenados de la Policía y usó mangueras de los bomberos contra los manifestantes de los derechos civiles en Birmingham en la década de 1960.
“¿Por qué nos llevamos toda la publicidad? Creo que tiene que ver con el pasado de Alabama y la imagen que la gente se ha hecho de Alabama con el transcurso de los años, que no reside en nuestro estado y no ve los cuantiosos avances que hemos hecho en Alabama en los últimos 50 a 60 años”, dijo el gobernador republicano Robert Bentley, que respaldó la ley y la firmó.
El Departamento de Justicia, unas 30 organizaciones defensoras de los derechos civiles y algunos líderes religiosos prominentes impugnaron en una corte federal la ley de Alabama. La normativa fue aprobada por una nueva supermayoría republicana en la legislatura estatal.
Los jueces bloquearon algunos puntos de la ley, pero otros están vigentes, como la verificación que puede hacer la Policía del estatus migratorio de una persona durante una detención de tránsito, y considera delito grave la realización de trámites básicos, como conseguir una licencia de conducir.
El representante estatal Alvin Holmes, el legislador negro de más rango en la legislatura, dijo que los republicanos no deberían destruir los logros del derecho al voto de los afroestadounidenses, que tienden a apoyar a los demócratas.
Holmes dijo que los republicanos van tras las personas de piel marrón con la intención de que éstas no se posicionen electoralmente.
“Los republicanos creen que si los hispanos vienen y se registran para acudir a las urnas, se unirán a los electores negros para tomar el control de la política de Alabama”, apuntó.
Sus defensores dicen que la ley de inmigración es ajena a lo racial y aseguran que sólo es resultado de la frustración ante la pasividad del gobierno federal y de un esfuerzo para abrir puestos de trabajo a fin de beneficiar a 10% de los residentes legales sin empleo.
“Hay personas que intentan aprovechar el aspecto del racismo y lucrar (políticamente) con él, pero yo podría afirmar que la armonía de Alabama está a la altura de la de cualquier otro lugar en el país”, dijo el senador republicano Scott Beason, uno de quienes impulsaron la ley.
Beason, el poderoso presidente de la Comisión de Reglas del Senado, propició algunas de las comparaciones con la época de la lucha por los derechos civiles, cuando dijo a un grupo que la legislatura necesitaba emprender un ataque verbal sobre el tema de la inmigración.
En grabaciones de audio reproducidas durante el juicio federal de varios legisladores y cabilderos acusados de comprar y vender votos para la legislación de apuestas, Beason se refirió como “aborígenes” a los clientes de un canódromo en un condado predominantemente negro.
Los detractores de la ley atizaron las comparaciones con protestas en sitios históricos de la lucha por los derechos civiles y lograron el apoyo de organizaciones que defienden esas conquistas.
Nadie en la legislatura de Alabama hablaba hace una década de leyes de inmigración, debido a que la población hispana en el estado era muy pequeña.
El Pew Hispanic Center calcula que el número de inmigrantes que viven en Alabama sin permiso aumentó de 25.000 en el 2000 a 120.000 en 2010, casi cinco veces más, aunque la cifra es sólo una fracción de los 11 millones que, según proyecciones, viven en el país.
Ese incremento veloz suscitó quejas de residentes que acusan a los hispanos de quitarles los empleos porque cobran menos y no tienen prestaciones.
“Los hispanos comenzaron a llegar como ladrones en la noche, hurtaron nuestros empleos y recursos fiscales”, dijo el representante republicano Micky Hammon, quien también impulsó la nueva ley.
Como sea, lo que es cierto es que las empresas de la construcción y agrícolas han constatado que los trabajadores hispanos de los que dependían han huido del estado. A la fecha no han logrado encontrar residentes legales dispuestos a tomar los trabajos, que por lo general son pesados.
El gobernador dijo que los legisladores en otros estados ven la ley de Alabama como un borrador para las que pretenden adoptar, pero algunos temen que la exposición mediática tenga sus secuelas negativas en la imagen del estado como un centro importante de la industria automovilística.
En 1993, unos meses después de que las autoridades estatales dejaron de ondear la bandera de los confederados secesionistas de la Guerra Civil en el domo del Capitolio, Mercedes eligió a Alabama para la instalación de una planta de armado. Después llegaron Honda, Toyota y Hyundai, así como muchos proveedores de piezas automovilísticas.
El director general del sistema estatal de pensiones, David Bronner, ayudó a traer esas plantas y ahora teme que Alabama haya perdido atractivo.
“Se da la imagen, válida o no, de que no se quiere a los extranjeros y punto”, dijo. Agregó que los gobernantes estatales con frecuencia recurren a la mala propaganda para eliminar a otros estados en la competencia por nuevas fuentes de trabajo.
Esa mala propaganda benefició a Hillsboro, Wisconsin, después de que el empresario de la tecnología de la información Charles Manser y 11 de sus amigos cancelaran sus vacaciones de 10 días, que incluían jugar golf en Alabama.
Manser dijo que uno de sus amigos nació en Puerto Rico y otro es británico. Ambos estaban preocupados de que se les atosigara en cuanto a su condición migratoria.
“Sea o no legítimo, ese es el mensaje que percibe la gente que podría venir a Alabama”, apuntó. (AP)