Estados Unidos decidió encarar ante la Corte la Ley de Inmigración SB20, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2012 en Carolina del Sur.
 
La comunidad migrante se pronunció con cautela ante el anuncio de EU. El vicepresidente del Consejo de Mexicanos en las Carolinas, Iván Segura, señaló que “Tomamos la noticia bien pero a la par hacemos un llamado a todo el país, que afronten el tema migratorio como un problema que requiere una solución integral, y no que cada estado trate de resolverlo por su cuenta como sucede en este caso”.
 
Con Carolina del Sur son ya tres los casos (junto a Arizona y Alabama) en los que el Departamento de Justicia de EU ha decidido intervenir para bloquear la puesta en marcha de una legislación estatal que combate la inmigración indocumentada por considerarla “inconstitucional”.
 
Se espera que el Departamento de Justicia pronto solicite a un tribunal, como ha sucedido en otras partes de la nación, la suspensión preliminar de la SB20 por considerar que “causará un daño irreparable”.
 
Bajo la SB20, los agentes del orden público pueden detener a una persona por una infracción previa y solicitar que demuestre su situación migratoria si existe una “sospecha razonable” para considerar que es un indocumentado.
 
Dispone la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía de inmigración local con 12 agentes a un costo de 1,3 millón de dólares, la única a nivel nacional.
 
Asimismo, la SB20 convierte en delito mayor con penas de hasta 25.000 dólares o cinco años de prisión la producción de documentos falsos y el no portar una identificación estatal como licencia de conducir o documento migratorio.
 
Para André Segura, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), una de varias organizaciones que entabló una acción legal contra la ley antiinmigrante el pasado 12 de octubre, Carolina del Sur, señaló que “Esta ley discriminatoria e inconstitucional no tiene lugar en nuestro país y debe ser bloqueada en Carolina del Sur y en cada estado que cometa ese costoso error de pasar una legislación tan antiinmgrante”.
 
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) de México expresó además su beneplácito por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de interponer acciones legales para impedir que entre en vigor la SB20 en Carolina del Sur.
 
En julio de 2010, se presentó una demanda contra la ley SB1070 en Arizona, mientras que en agosto de 2011 se hizo lo propio contra la ley HB56 en Alabama.
 
En ambos casos, México intervino como “Amigo de la Corte”, con un amplio respaldo de países latinoamericanos, reiteró la declaración oficial del país vecino.
 
“La SB20 criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales. De entrar en vigor, pudiera afectar los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad”, resaltó.
 
La oficina de la gobernadora, Nikki Haley, que firmó la ley el pasado mes de junio, respondió que el estado actuó porque las autoridades federales “no estaban haciendo lo suficiente para detener la inmigración no autorizada”.
 
Durante la ceremonia de la ratificación de SB20, Haley dijo que uno de los objetivos de la ley era asegurarse que los “inmigrantes ilegales encontraran otro estado a donde ir”.
 
De acuerdo con cifras  de organismos independientes, cerca de 55.000 indocumentados viven en Carolina del Sur. (Con información de EFE)