En los últimos días, en gran medida por la adopción de la propuesta de uno de los aspirantes a la presidencia (Enrique Peña Nieto), ha vuelto a la escena una de las iniciativas que forman parte de la reforma política. La disminución de 100 diputados plurinominales es una discusión que arrastramos hace tiempo y al día de hoy tanto los partidos como los actores políticos se pelean su autoría. Cabe recordar que en la propuesta que el Ejecutivo enviara de Reforma política hacia finales de 2009, la iniciativa de reducción estaba ya incluida. En ese entonces el Ejecutivo proponía un sistema mixto en el que la Cámara estuviera compuesta por 400 diputados, 240 de mayoría relativa (MR), y 160 de representación proporcional (RP). El PRI proponía también una reducción a 400 diputados con la  diferencia de que  300 serían de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. A diferencia de ambos, el PRD, PT y Convergencia preferían un sistema de representación proporcional para la elección de los diputados y el mantener su número de 500.

 

La renovada polémica nos obliga una vez más a reflexionar sobre el tema.

 

Las razones para sugerir este cambio han sido tres principalmente: el Poder Legislativo funcionaría más eficientemente (al ser menos el número de diputados se favorecerían más los acuerdos), habría un ahorro en su gasto (cuestionado por el dinero que maneja y la discrecionalidad con que lo hace) y, finalmente, se podrían fomentar las mayorías.

 

Observemos de cerca el planteamiento general y sus razones, al ofrecer una perspectiva comparada.

 

En términos generales, la composición de las cámaras y la forma para elegir las curules en el mundo supone siempre una relación entre los representados y sus representantes, por ello también una relación entre el número de legisladores y la población. Una cuestión de proporción y representatividad. Ante la demanda por reducir el número de diputados dado que nuestra Cámara es muy grande (conformada actualmente por 500 diputados, 300 MR y 200 RP), convendría preguntarse cómo está México en comparación a otros países. Entre los sistemas de elección mixtos en el mundo y en términos absolutos, México es uno de los países que más curules tiene, superado sólo por Alemania (669) e Italia (630). Sin embargo, en relación a su población, el lugar de México cambia drásticamente dado que tendría “un diputado por cada 217 mil habitantes aproximadamente” (Aparicio y Márquez 2010), cuestión que lo coloca muy por debajo de otros países como Italia, Alemania y Hungría cuyos congresos son mucho mayores en proporción a su población. “Los estudios comparados han encontrado una regularidad empírica según la cual el número de asientos de las legislaturas es proporcional a la raíz cúbica de la población total o bien de la población económicamente activa. De acuerdo con este criterio, el tamaño óptimo del Congreso en México podría situarse entre 412 y 476 asientos” (Aparicio y Márquez, 2010). Al seguir este criterio podríamos bien afirmar que nuestro Congreso no es, como se ha dicho, especialmente grande.

 

Por otro lado, se ha argumentado que el Congreso suele ser especialmente costoso para los mexicanos y que la reducción de los diputados supondría, según el diputado del PAN Alfonso Martínez Alcázar, un ahorro de hasta 20% de los recursos que se gasta el Congreso (El Economista, octubre 5, 2011). Sin embargo, en una perspectiva comparada, parece que habría “mucha otra tela de donde cortar”, según un análisis de María Amparo Casar (Nexos, diciembre 2009). ¿Cuánto gastamos en nuestro Poder Legislativo y cómo ponerlo en contexto? En un reciente artículo, “Lo dineros del Congreso” (Nexos, noviembre 2011), Casar hace ver que, como porcentaje del gasto programable, el destinado al Congreso no resulta especialmente oneroso al significar sólo 0.39%, comparado con 1.4% del Poder Judicial,  0.14% destinado a Presidencia y 0.36% del IFE en un año no electoral. Puede pesar más cuando se compara con el dinero destinado a otras funciones. Mientras al Poder Legislativo le fueron destinados en 2010 nueve mil 500 millones de pesos, a la PGR 11 mil 700 millones, al Fondo de Apoyo para Pymes cinco mil 890 millones, a Diconsa cinco mil 110 y al IMSS-Oportunidades siete mil 300.

 

Cuando se hace una comparación a nivel internacional de este gasto se puede encontrar que México se encuentra por debajo de la media de otros países latinoamericanos.

 

“Brasil gasta más de cuatro veces que México por legislador, aunque México gasta casi el doble que Colombia y más del doble que Uruguay. De hecho, México es uno de los países en los que el Poder Legislativo cuesta menos a cada habitante. A cada brasileño su Congreso le cuesta 24 dólares por año, a cada chileno nueve y a cada mexicano sólo siete”. Sin embargo, también es necesario considerar que  los diputados en México son de los mejores pagados de Latinoamérica, sólo después de Brasil, y con prestaciones éstos son mayores inclusive al salario de un diputado estadunidense. Esto significa que en México “el salario de un legislador equivale a 22 veces el ingreso per cápita promedio de los mexicanos y 122 veces el salario mínimo vigente en el país”. (Casar, Nexos, noviembre 2011). El mayor problema del gasto legislativo, concluye el autor, es su discrecionalidad y falta de transparencia. No tanto el monto del gasto. Lo relevante está entonces en otro lado y no en el ahorro que la reducción de 100 diputados podría significar.

 

Finalmente, el argumento sobre la eficacia de un congreso con menos diputados es también cuestionable. En primer lugar porque sin el cambio de fórmula en la elección, la correlación de fuerzas en el congreso permanece prácticamente la misma. (Casar, Nexos, diciembre 2009). Por otro lado, la posibilidad de llegar a acuerdos o formar mayorías legislativas tiene más que ver con la disciplina de los partidos políticos y las posibilidades que los diferentes actores políticos tienen de vetar iniciativas de sus contrarios, que con el número de los diputados. “Cuando el partido del Presidente no dispone de una mayoría legislativa, negociar con partidos muy disciplinados constituye una clara desventaja, independientemente del tamaño de la cámara o del número de partidos”. (Aparicio y Márquez, 2010).

 

Desafortunadamente, el presente análisis deja ver la forma en la que dichas propuestas, por más eco que tengan en el círculo mediático y de competencia política, se apegan más a consignas y eslóganes publicitarios para la promoción de los partidos o los actores políticos que a cambios sustanciales en la correlación de fuerzas, el mejor diseño institucional  o la posibilidad de engendrar acuerdos entre una mayoría legislativa con miras a la satisfacción de los intereses ciudadanos. contorno

 

 

 

Referencias:

Casar, Maria Amparo. “Reformas en el aire”, Nexos, diciembre, 2009.

 

Casar, Maria Amparo. “Los dineros del Congreso,” Nexos, diciembre, 2011.

 

Aparicio Javier y Márquez Javier. Tamaño del Congreso, redistritación y umbral de representación, en Gabriel Negretto (ed.) Debatiendo la reforma política. Claves del cambio institucional en México, CIDE, México, 2010.