Las corporaciones policiacas estatales y municipales estarán certificadas totalmente hasta en 14 años más, cuando se concluya la aplicación de los exámenes de control de confianza a toda la fuerza policial del país.
En casi tres años, las procuradurías de justicia y secretarías de seguridad pública de los estados sólo han logrado evaluar al 15% de los agentes y de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para diciembre de 2012 todos los policías deberán estar certificados a partir de esos exámenes.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estima en su reporte de Avances a Evaluaciones de Control de Confianza que sólo seis estados podrán cumplir con ese plazo: Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Aguascalientes y Colima. Sólo los tres primeros presentan, estadísticamente, un alta incidencia delictiva en el país.
Estas entidades podrán alcanzar la meta porque cuentan con el personal suficiente en centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza, en donde deben aplicarse: pruebas psicológicas, psicométricas, de conocimientos y toxicológicas, el polígrafo y la revisión socioeconómica.
El gobierno federal determinó en 2008 que la única forma de tener una policía confiable en el país era crear un Servicio de Carrera, en el que se impusieron requisitos mínimos de ingreso, permanencia y ascenso, uno de ellos, al que más importancia se le ha dado, fue la aprobación de las evaluaciones de control de confianza y que supone la certificación de las policías por parte del SESNSP.
Los estados más retrasados en la aplicación de exámenes son: Quintana Roo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, y Tamaulipas, por lo que contarán con una policía certificada a partir de 2020, pero en el caso de las dos primeras entidades ni siquiera cuentan con la capacidad para practicar las evaluaciones.
Las entidades que al ritmo que han mostrado en estos últimos tres años y por el número de agentes que tienen, tendrán listas a sus policías hasta el 2021 o 2023 son el Estado de México y el Distrito Federal, aunque este último es el que más policías evaluados tiene con 18 mil 485; sin embargo, en su universo total de agentes representa apenas el 15%.
En octubre pasado, durante la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública Felipe Calderón arremetió contra los gobernadores por no avanzar en la certificación de sus policías y éstos se defendieron argumentando la falta de centros de evaluación y personal certificado para practicar los exámenes. Acordaron que en diciembre próximo sesionarán nuevamente para plantear una ruta crítica que permita agilizar las evaluaciones.
Este problema ya lo había detectado, desde mediados de este año, el Secretariado Ejecutivo, por lo que elaboró dos propuestas específicas: la primera se refiere a inyectar a los centros de evaluación más recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
La segunda propuesta se refiere a la creación de un grupo de especialistas en las áreas que abarcan los exámenes, para ofrecer apoyo a los centros de evaluación de los estados. Esto sería aprovechando la infraestructura que ya existe y también incluyendo a evaluadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y de organismos privados.