El presidente Felipe Calderón ofreció al equipo de Human Rights Watch (HRW) integrar un equipo de trabajo conjunto para revisar cada uno de los 170 casos de tortura, 39 de desaparición forzada y 24 de ejecuciones extrajuficiales que ocurridas durante su administración y documentados por la organización internacional, sólo en cinco estados del país.

 

“Asumimos la responsabilidad de cada uno de estos casos porque hemos hecho un gran esfuerzo para verificarlos a lo largo de dos años de trabajo”, dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, quien definió la reunión con el mandatario como “sorprendentemente constructiva”.

 

Programado para 30 minutos, el encuentro entre Calderón y el equipo de HRW se prolongó dos horas. Inició tenso, según los asistentes, pero en la medida en la que le fueron presentando cada caso el presidente cambió de actitud.

 

“Fue un presidente distinto al que en Guadalajara nos retó a comprobar un caso”, dijo más tarde Vivanco a un grupo de reporteros. Se refería al discurso que el presidente mexicano presentó hace dos años, en la Cumbre de Líderes de América del Norte en el que demandó a los detractores de su política de seguridad que presentaran “un solo caso en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan violado”.

 

La respuesta de HRW fue el informe “Ni seguridad. Ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”, dado a conocer ayer, en el que la organización  afirma que la política de seguridad de Calderón “fracasa seriamente” en dos aspectos: “no sólo no ha  logrado reducir la violencia, sino que ademas ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos”.

 

Según la investigación de HRW, realizada en los estados de Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero y Tabasco, la mayoría de los casos documentados las personas son de “origen humilde o de clase trabajadora” y no tenían ninguna relación con la delincuencia organizada.

 

Pero la preocupación central de la organización es que frente al “aumento significativo” de las volacionas a derechos humanos, no hay investigaciones y las que hay “realmente son muy pobres”.

 

De más de 45 mil muertos relacionados con la delincuencia organizada que el gobierno federal acepta, explicó Vivanco, la Procuraduría General de la República solo tiene 997 investigaciones, de las cuales se han consignado 326 casos y sólo hay 22 condenas.

 

En el casos de los 3 mil 671 casos que están en la Justici Militar solo hay 29 condenas (incluyendo las 14 anunciadas la semana pasada por el asesinato de una familia en Sinaloa).

 

Pero además, de 1994 a 2010 solo hay 89 casos abiertos y 2 condenas por tortura a nivel federal.

 

“Esperamos que este informe cambie la retórica oficial de que no hay violaciones a derechos humanos”, dijo Vivanco.

 

 

Las otras reuniones

 

Previo a la difusión del informe, el equipo de HRW se reunió con la procuradora Marisela Morales; la canciller Patricia Espinoza; los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Marina, Francisco Sainez. También con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, algunos parlamentarios y organizaciones no gubernamentales. La reunión con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, que estaba confirmada, se canceló y en las últimas horas les ofrecieron una reunión con las autoridades de la Procuraduría Militar, que por cuestiones de agenda ya no se pudo hacer.

 

Vivanco explicó que la propuesta de crear un equipo de seguimiento fue del presidente, al calor de la plática, pero que no quedaron definidos los detalles de cómo se realizaría ese trabajo.

 

“Yo tengo la obligación de asumir esta propuesta de buena fe y estamos dispuestos a trabajar en eso, espero en estos días retomar el contacto y ver bien cuál es la idea del gobierno”, dijo, y ante los cuestionamientos de la posibilidad de que ese acuerdo se  pierda una vez que inicien las campañas presidenciales, reflexionó: “Nuestra intención abrir el debate a este tema. Quizás cuando ya se empiece a definir las candidatos tendríamos que buscar un diálogo con ellos”.

 

 

 

Las recomendaciones

 

– Reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar, siguiendo la resolución de la SCJN

 

– Asegurar que se cumpla la prohibición de admitir pruebas obtenidas mediante tortura, y que las fuerzas de segurida dpongan inmediatamente a los detenidos a disposición de agentes del MP.

 

– Poner fin  a la prácica de arraigo y el uso de leyes ambiguas para justificar detenciónas arbtrarias.

 

– Crear bases de datos para llevar un registro de personas desaparecidas y detenidas.

 

– Abandonar la retórica que sugiera que las víctimas de abusos serían delincuentes, o que desestima las denuncias de abusos antes de haber sido investigadas.