¿Cuántas veces hemos escuchado que un político o un funcionario público se gasta nuestros impuestos a manos llenas? ¿Cuántos de nosotros tenemos algún conocido que de la noche a la mañana trae coche de lujo, se compró una casa enorme -inclusive una en la playa- y eso pasó desde que se convirtió en funcionario público? ¿Cuántos no hemos dañado el rin o la suspensión de nuestro coche porque la calle está llena de baches y parece que a ninguna autoridad le preocupa taparlos, pero sí vemos que se multiplican las obras inútiles o que crece el número de burócratas? ¿En cuántos encabezados de periódicos hemos leído que el gobierno –federal, estatal, delegacional o municipal– despilfarra nuestro dinero, que gastan mal? ¿Cuántos de nosotros vimos la película La Ley de Herodes y aunque al principio nos reímos, luego nos dieron ganas de llorar porque esa es la realidad en que vivimos?

 

Parece que el escándalo del endeudamiento del gobierno de Coahuila, que pasó de ocho mil millones a 34 mil millones de pesos en menos de dos años, sin que los coahuilenses se hayan enterado, es una rayita más al tigre de la mala administración de nuestros impuestos. Pero ¿por qué gastan así? Simple, porque pueden. ¿Y por qué pueden? Porque las leyes en sus estados les permiten a los gobiernos locales que gasten como quieran, sin rendirnos cuentas a los ciudadanos, a su antojo y, en la mayoría de los casos, no necesariamente al margen de la ley.

 

Me explico. Recientemente el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., CIDAC, publicó un documento titulado Ranking de Normatividad Estatal del Gasto Público, en el que evalúa cinco leyes estatales que intentan regular (la mayoría sólo queda en el intento) cómo deben gastar los gobiernos de los estados y los municipios.

 

El estudio concluyó que las leyes estatales que regulan la forma en que se decide cómo se deben distribuir los recursos entre los gobiernos locales y los municipios (coordinación fiscal), cómo deben llevar la contabilidad de los ingresos y los gastos (de contabilidad pública), cómo, en qué medida, bajo qué condiciones y para qué se puede endeudar un estado (deuda pública), cómo deben transparentar su gasto y sus decisiones públicas frente a los ciudadanos (transparencia y rendición de cuentas) y cómo deben ser revisados y evaluados los gastos públicos (fiscalización) son sumamente vagas, poco claras y le dan manga ancha a los gobiernos de los estados para gastar nuestro dinero.

 

El dato no es menor, porque parece que hemos estado dirigiendo nuestro descontento, coraje y hasta mentadas, a las personas equivocadas. Si bien es cierto que los funcionarios públicos locales son los que están gastando mal, son los diputados estatales los responsables de crear, modificar y perfeccionar las leyes en los estados que dicen cuánto, en qué, para qué y quién debe de gastar nuestros impuestos.

 

Por ejemplo, el estado que obtuvo una mayor calificación en el estudio fue el Distrito Federal con 77 puntos de 100 posibles, le sigue San Luis Potosí, con 64 puntos, en tanto que el estado de Aguascalientes ocupa el último lugar con tan sólo ¡37 puntos de 100! ¿Qué significa eso? Pues que los estados que tienen la más alta calificación no necesariamente son los mejores, sino los menos peores y, que los últimos lugares tienen leyes pésimas que permiten a sus gobernantes que hagan lo que quieran con nuestros impuestos.

 

Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos? Primero que nada es importante que conozcamos el estudio disponible en la página www.cidac.org. Después, circularlo entre conocidos y empezar a presionar a los diputados locales para que mejoren esas leyes. Si les preguntan ¿cómo deben mejorar las leyes? La respuesta es simple: que los mismos diputados lean el estudio y vean qué características les hace falta cumplir a las leyes de su estado para que sean mejores y puedan ayudar a que los gobiernos locales gasten mejor. De hecho, las elecciones del próximo año serán útiles para esto, ya que cuando los candidatos a gobernadores y diputados locales busquen nuestro voto, nosotros podemos comprometerlos a que mejoren las leyes estatales que tienen que ver con el gasto público. Así ya no se podrán hacer guajes y, la próxima vez que vean en los periódicos o los noticiarios que un gobierno estatal gasta mal, sabrán el por qué: porque puede.

 

*Especialista en finanzas públicas de CIDAC / marcocancino@cidac.org