La iniciativa presentada por el gobernador Rafael Moreno Valle para sustituir la pena privativa de la libertad por un tratamiento médico integral a las mujeres que aborten no encontró cobijo en el Congreso de Puebla, por lo que el tema podría ser discutido hasta 2012, informó el presidente dela Gran ComisiónGuillermo Aréchiga.

 

La reforma ha causado polémica incluso al interior del Acción Nacional  —partido al que pertenece el gobernador— pues su líder estatal, Juan Carlos Mondragón, exigió que permanezca la sanción de cárcel  y que en todo caso se permita la conmutación de la pena por tratamiento médico, una multa económica o trabajo comunitario.

 

En contra parte el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se han manifestado a favor de  ir más allá y legislar la interrupción legal del embarazo hasta cierto periodo de gestación, como sucede en el Distrito Federal.

 

Grupos de mujeres progresistas en la entidad y a nivel nacional acusan que esta iniciativa provocará la doble victimización de las féminas y violenta los derechos humanos de quienes decidan interrumpir voluntariamente su embarazo.

 

En entrevista, Guillermo Aréchiga declaró que todas estas diferencias entre partidos políticos y la sociedad han provocado que la iniciativa se encuentre en impasse. El diputado panalista dijo que la mayoría de las fracciones parlamentarias que integran el Poder Legislativo coinciden en que “las mujeres que aborten no deben ir la cárcel”; sin embargo otras debaten cuál debería ser la pena a quien cometa este delito o si podrían plantearse la despenalización de la interrupción del embarazo.

 

“En el tema de la sustitución de la pena corporal tenemos divergencias, hay quien habla del tratamiento médico integral, hay quien habla de imponer sanciones económicas, trabajo social, ahí lo que tenemos son todavía disensos. La realidad es que no hay acuerdos y en esta condición estamos obligados a seguir buscando acuerdos (…) no hay garantía de que pueda aprobarse en lo que resta del periodo, crepo que necesitamos es más tiempo”.

 

El líder del Congreso local dejó abierta la posibilidad de que el Legislativo organice foros de consulta en los que participen especialistas en la materia y la ciudadanía en general, a fin de que los diputados tomen una decisión de acuerdo a lo que quieran los poblanos.

 

La búsqueda de consensos entre los partidos políticos y la posibilidad de abrir una consulta podría provocar que la iniciativa se discuta hasta el 2012, puesto que al Tercer Periodo Ordinario de Sesiones sólo le quedan cuatro semanas.

 

 

 

La iniciativa

 

La reforma, que fue presentada por el Ejecutivo al Congreso local el pasado 3 de noviembre, contempla modificaciones al numeral 342 del Código de Defensa Social: “A la mujer que voluntariamente se cause un aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le impondrá tratamiento médico integral en libertad en instituciones de salud pública, mismo que tendrá una duración no inferior a un mes, ni superior a un año. El tratamiento deberá ser conforme a las circunstancias de la mujer, comprendiendo la concientización sobre la afectación del bien jurídico tutelado”.

 

Actualmente, en Puebla el aborto es sancionado con uno a cinco años de prisión, y la pena puede ser reducida de seis meses a un año en la cárcel si se comprueba que la mujer que cometió el aborto: tiene buena fama, no ocultó su embarazo y si el embarazo fue fruto del matrimonio, de acuerdo con el artículo citado.

 

La iniciativa fue enviada ala Comisiónde Gobernación, presidida por el yunquista Juan Carlos Espina von Roehrich, para su estudio y futura aprobación.

 

 

 

Propuesta incompleta: GIRE

 

La vocera del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fernanda Díaz de León, calificó de incompleta la reforma al Código de Defensa Social que se analiza en el Congreso de Puebla, al señalar que no se garantiza la protección de los derechos humanos de la mujer.

 

“Desde una perspectiva de derechos humanos, no hay un avance, un avance sería despenalizar en las primeras 12 semanas, crear los mecanismos para que las mujeres no tengan que recurrir a la clandestinidad, es decir, crear servicios de calidad, con calidez, respetuosos de los derechos humanos, ese sería un avance en términos de derechos humanos para las mujeres, el reconocer a las mujeres como sujetas de derechos”.

 

Sobre el tratamiento médico integral al que serían sometidas las mujeres que aborten, la vocera y abogada del GIRE aceptó que es mejor que las mujeres vayan al médico a que sean encarceladas, “pero a la mujer se le va a seguir sujetando a un proceso penal”.