ATLANTA . Los legisladores de Georgia necesitan enfocarse en presionar a los legisladores federales para que aborden la reforma integral de inmigración en lugar de aprobar medidas más a nivel estatal o endurecer la nueva ley de Georgia sobre la materia, dijo el martes un senador estatal demócrata.
“El objetivo no debería ser que esta ley sea más estricta”, señaló el senador Curt Thompson. “Necesitamos utilizar nuestro capital político para hacer que arranque la reforma de inmigración en el nivel federal”.
Los comentarios de Thompson ocurrieron después de una sesión informativa pública realizada por el Comité Especial demócrata del Senado sobre Inmigración y Economía de Georgia para examinar los efectos de la nueva ley estatal, de la cual muchas partes entraron en efecto en julio. Algunas entrarán en vigor el 1 de enero, mientras que otras han sido bloqueadas temporalmente por un juez federal.
El comité escuchó a representantes de la industria restaurantera y de los productores de frutas y vegetales del estado, así como a gente que trata regularmente con las comunidades de inmigrantes del estado.
Los oradores dijeron que la nueva ley estatal contra la inmigración ilegal está ocasionando escasez de mano de obra, dañando la economía del estado y teniendo injustamente como blanco a los latinos. Varios señalaron que les gustaría que se revocara la ley.
“Por favor, revoquemos la ley HB 87 por completo. Está destruyendo la economía de Georgia y está destruyendo el tejido de nuestra red social en el sur de Georgia”, dijo Paul Bridges, alcalde de Uvalda, un poblado pequeño en el condado de Vidalia, productor de cebolla. El es parte de una demanda que impugna la nueva ley.
Los agricultores en el área dependen de la mano de obra de inmigrantes, y muchos de sus trabajadores tienen familias que son una mezcla de gente que está en el país de forma legal e ilegal, indicó Bridges.
Thompson dijo que la revocación es improbable.
“La realidad política es que no existe el ambiente para revocar la HB 87”, dijo, añadiendo que le gustaría ver algunos ajustes a la ley nueva.
Una parte de la ley que está en vigor convierte en delito presentar documentos o información falsa cuando se solicita empleo. Otra parte que se aplicará a partir del 1 de enero exige que muchos empleadores utilicen una base de datos federal llamada E-Verify para revisar la elegibilidad de empleo de nuevas contrataciones, es decir: su estatus de inmigración.
Karen Bremer, directora ejecutiva de la Asociación de Restaurantes de Georgia, dijo a los legisladores que una encuesta realizada entre aproximadamente 500 propietarios de restaurantes a finales de octubre e inicios de noviembre mostró que había escasez de mano de obra que, según dijo, era ocasionada por trabajadores inmigrantes que abandonaron el estado después de la aprobación de la ley. A pesar de la alta tasa de desempleo en Georgia, los propietarios de restaurantes no han sido capaces de encontrar a nadie que llene las vacantes.
Charles Hall, quien preside la Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia, señaló que continúa recibiendo comentarios de productores que dicen que no tienen suficientes trabajadores. Una encuesta informal realizada a mediados de año mostró que los cultivadores de cebolla, sandía y otros productos que se cosechan a mano carecieron de más de 11.000 trabajadores durante su cosecha de primavera-verano.
El senador Doug Stoner insinuó reiteradamente que quienes apoyan la ley no realizaron suficiente investigación antes de promulgarla.
“Tenemos una tendencia en este estado de aprobar leyes sin comprender su costo, particularmente para los negocios”, señaló.(AP)