Chihuahua, Durango, Coahuila y Michoacán son actualmente los estados con mayor número de secuestros en el país.

 

En estas entidades, de acuerdo a los casos denunciados, ocurren arriba de tres plagios por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 1.14 secuestros. En el caso de Chihuahua, la incidencia se dispara a 5.6 hechos, convirtiéndose en la entidad más peligrosa en este tipo de conductas.

 

Los datos corresponden a todo el año 2010, de acuerdo con denuncias de tipo penal recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

 

No obstante, las propias autoridades reconocen que los secuestros que en realidad han ocurrido en el país y que no se han denunciado, pueden hasta cuadriplicar las cifras en los estados más peligrosos.

 

El seguimiento a los casos, muestra que la tendencia que ha seguido este delito es hacia arriba. Esto a pesar de una serie de medidas que se han instrumentado los gobiernos federal y estatales, tal es el caso de la creación de unidades antisecuestro dentro de las procuradurías.

 

Los números del SESNSP revelan que en el periodo de enero a agosto del año 2009, se registraron 789 plagios, mientras que para el mismo periodo del año 2010, la cifra se incrementó a 911 casos. Esta misma cantidad se reportó durante los primeros ocho meses de 2011.

 

A nivel municipal, Ciudad Juárez, Chihuahua, es la localidad con el mayor número de secuestros, con un total de 58 casos en el citado periodo; le siguen Morelia, Michoacán, con 48 plagios; Tampico, Tamaulipas, con 39; San Luis Potosí, San Luis Potosí, con 34; Tijuana, Baja California, con 33, y Durango, Durango, con 32.

 

La lista de los 10 municipios con más plagios la completan Villahermosa, Tabasco con 29; Chihuahua, Chihuahua, con 23; Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 23, y Monterrey, Nuevo León, con 20 secuestros.

 

 

 

Oficinas ineficientes

 

En febrero del 2011se expidió la última reforma a Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que, entre otras cosas, reiteraba la obligación de los estados para contar con unidades especializadas en la investigación y combate a este delito. La implementación de estas oficinas no ha mostrado resultados exitosos en el combate a este delito.

 

La Policía Federal también arrancó con su unidad especial antisecuestros, que comenzó a operar en agosto de 2008 a través de cinco oficinas descentralizadas en las zonas que se establecieron como prioritarias por el número de denuncias por plagio.

 

Aunque en principio se dijo que cada unidad en el país estaría conformada por 300 agentes, también se acordó el respaldo de toda la fuerza del Estado para estos grupos operativos.

 

Los acuerdos alcanzados establecieron que las unidades especializadas –que en varios estados muestran importantes atrasos-, tendrían áreas encargadas de manejo de crisis, negociación, investigación y operación, con el objetivo de atender el secuestro en todas sus etapas.

 

Además, el pasado 1 de noviembre, en el marco de la 31 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón informó que, por lo menos, 150 elementos de estas unidades no habían aprobado sus evaluaciones y seguían trabajando en los grupos.

 

Los datos oficiales señalan que en cuestiones de evaluación de las unidades antisecuestros, 25 estados muestran un 90% de avance, cinco entidades más llevan entre el 50% y 90%. Solamente Aguascalientes y Nayarit han evaluado a menos del 50% del personal en estos grupos.

 

 

Números optimistas

 

La Secretaría de Seguridad Pública Federal informó hace unas semanas que, de diciembre de 2006 a septiembre del actual año, había detenido a mil 695 presuntos plagiarios, desarticuló 214 organizaciones dedicadas a este delito y atrapó a 92 personas presuntamente vinculadas con casos de extorsión.

 

También reportó la atención de 273 mil denuncias por este tipo de conductas delictivas.

 

Sin embargo, lo que parece ser un éxito de esa dependencia, en realidad corresponde a un “esfuerzo del gobierno federal”, según reportó la Procuraduría General de la República (PGR) en su quinto informe de labores en el que da una cifra similar de detenidos. Ninguna de las dos autoridades precisa si todos las personas señaladas fueron sometidas a juicio y sentenciadas por este delito.