Con el inicio de la contienda electoral desde hace unas semanas, la aprobación del Presupuesto de Egresos 2012, (de tres billones 706 mil 922 millones 200 mil pesos contra los dos billones 560 mil 229 millones de pesos en 2010), parece adquirir una connotación especial pues además de definirse los montos que a cada dependencia le tocarán, es necesario analizar los cambios que se darán en lo otorgado a ámbitos considerados como “electorales,” tales como los estados, el IFE, desarrollo social y seguridad.

 

En materia social el avance fue mínimo, pues hubo una reducción en desarrollo social de dos mil 197 millones de pesos, quedando en 84 mil 859 millones de pesos.

 

Uno de los aspectos que más ha salido perjudicado en el gobierno actual es el desarrollo social, dado que un programa estandarte como lo es Oportunidades representa menos de 5% del gasto, además de tener deficiencias estructurales. Al reducir los fondos a algunos programas sociales a través del ISSSTE (mil 400 millones de pesos); Sedesol (dos mil 197 millones de pesos) y las aportaciones a seguridad social (mil 50 millones de pesos); por un lado se atendió el aspecto electoral de este gasto, pero por el otro no se propusieron medidas nuevas y eficientes que pudieran compensar esta pérdida, lo cual, dadas las condiciones actuales de la economía del país y mundiales, resultará en una pauperización de las condiciones en las que se encuentran los grupos de población más vulnerables.

 

En cuanto al órgano encargado de regular las elecciones del siguiente año, el IFE, los incentivos son evidentes a la hora de incrementar su presupuesto, por lo que la reducción de mil millones de pesos solicitada para dicho órgano en un principio, fue revocada cuando se discutieron las reservas en lo particular, con lo que su presupuesto final quedó en 15 mil 953 millones de pesos.

 

Otro aspecto a resaltar es la eliminación de restricciones del presupuesto respecto al de 2011, destacando el acceso que tienen ahora los estados a recursos federales, teniendo ahora un presupuesto total mayor que el de 2011 en más de 30 mil millones de pesos, todo ello a pesar del debate e investigaciones que se han llevado a cabo a raíz de la publicación, por parte de la Secretaría de Hacienda, de la deuda de los estados. Además, a la fecha no se han dado avances en el tema de transparencia y rendición de cuentas de las finanzas de las entidades federativas, lo cual envía señales de una perpetuación de esta situación, al menos hasta que pase la contienda electoral.

 

De esta forma, ocurrió un proceso quid pro quo, en el que el PRI respetó las asignaciones hechas por el Ejecutivo en seguridad, donde la Secretaría de la Marina Armada recibió tres mil millones de pesos adicionales, además de no haber cambios en las secretarías de Seguridad Pública y Defensa Nacional, a cambio de conseguir recursos para las entidades federativas, las cuales, considerando el periodo actual, seguramente incrementarán su gasto en obras públicas. No obstante, se destacan las disminuciones en la PGR, que fue de 480 millones de pesos y en el Poder Judicial, una disminución de tres mil millones de pesos, quedando en 42 mil 832 millones de pesos.

 

 

Poco esfuerzo tributario

 

A pesar de que 2012 representará una carga mayor para el erario público por el hecho de que habrá elecciones presidenciales, esas mismas cargas no fueron compensadas con mayores fuentes de recursos, sino por el contrario con mayor déficit público e inflando precios como el del petróleo y el dólar.

 

Es así como el déficit público pasó a 0.4% del PIB, superior al 0.2% planteado por el Gobierno federal; de igual manera se aprobó que el tipo de cambio se estimaría en 12.8 pesos por dólar en lugar de los 12.2, como lo estimó el Ejecutivo en los Criterios Generales de Política Económica; también los diputados aprobaron un endeudamiento neto para el Ejecutivo federal de hasta por 435 mil millones de pesos, en lugar de los 395 mil millones de pesos como se propuso originalmente. Como novedad tributaria se destaca la autorización a las entidades federativas de imponer un impuesto de 5% a la venta de bienes y servicios al consumidor final, pero para esto se requiere su discusión y aprobación en los congresos locales, razón por la cual políticamente es una idea que nació muerta.

 

Esto muestra que la discusión sobre las fuentes de ingresos que financiarían el gasto para 2012 no se centró en cómo lograr un sistema tributario más equitativo y simple, que reduzca las existentes exenciones onerosas, ni tampoco en cómo hacer que se dependa menos de los ingresos petroleros que han demostrado ser muy volátiles (de 2008 a 2009 disminuyeron 46%, y de 2009 a 2010 aumentaron 24%). El debate estuvo más bien en cómo incrementar la estimación de los 3,48 billones de pesos de ingresos del 2011 para destinarlos a un demandante gasto electoral en el 2012, lo que comprueba una vez más que la clase política no está a la altura de asumir los debates de fondo que necesita el país en materia fiscal, ya que sólo se interesan en la disputa de cómo obtener la mayor tajada posible de los recursos escasos existentes, con el fin de usarlos para mantener los privilegios que tienen. Contorno.

 

 

 

 

Fuentes:

 

·CNN Expansión. “Ley de ingresos 2012, sin pena ni gloria”, octubre 27, 2011.
·ElEconomista. “La ley de ingresos para 2012”, octubre 20,  2011.
·Reforma. “Avalan Presupuesto y suben gasto estatal”, noviembre 16, 2011.
·Dato del gasto social (5%): Reforma, septiembre 1, 2011.
·INEGI. Banco de información económica.