El crecimiento de la economía no produce necesariamente mayor bienestar entre los ciudadanos si el Estado, al mismo tiempo, no ‘produce’ eficazmente justicia redistributiva. Y ello se traduce en las urnas.
Perú, una economía que crece desde hace una década al 6% anual, eligió hace poco a Ollanta Humala, un político crítico de izquierda, como su Presidente porque los peruanos no han recibido todos los beneficios de la buena marcha macroeconómica.
Chile vive un caso similar. A pesar del milagro económico chileno, el presidente Sebastián Piñera enfrenta desde hace meses fuertes presiones sindicales y estudiantiles desde las calles denunciando las injusticias con la redistribución social de la riqueza.
Este no es un asunto aislado. Al preguntarles a más de 20 mil ciudadanos entrevistados en 18 países de América Latina si piensan que en sus países se gobierna para las mayorías solo el 26% responde que sí. En México este porcentaje es de 17%, uno de los cuatro más bajos de la región (Latinobarómetro 2011).
Una de las causas de esta percepción ciudadana de que los gobiernos no funcionan para todos, estriba en la desigualdad. Solo 20% de los latinoamericanos cree que es justa la distribución de la riqueza en sus países mientras que tan solo el 15% de los mexicanos –dentro del tercio más bajo de los países encuestados- cree lo mismo, según el Latinobarómetro.
Por lo visto, hay un percepción muy generalizada entre nuestra población de ‘injusticia’ en la relación Estado-ciudadano por lo que el ciudadano intenta desquitarse a través de lo que se denomina ‘el fraude social’, es decir, acciones como evadir el pago de impuestos o comprar productos pirata en una especie de revancha ‘por lo que no me das’. Por cierto, de los países encuestados México es en el que con mayor frecuencia los ciudadanos justifican estas acciones de ‘fraude social’.
Todo lo anterior lleva a una relación perversa por todos ya conocida: El Estado hace como que combate la injusticia de la desigualdad y el ciudadano hace como que cumple. Un juego de simulación en el que se alimenta la informalidad y la corrupción e ineficacia en el uso de los recursos públicos. Un juego de perder-perder.
Ayer la OCDE recordó un dato relevante en sus “Perspectivas de Desarrollo Global 2012” que viene a cuento: La desigualdad en México es de 51 puntos -donde 100 es lo más desigual y 0 lo menos- pero una vez que se incorporan a este índice todos los programas y recursos del Estado para disminuir la desigualdad –como impuestos y transferencias- éste se reduce a 49.4 puntos. Es decir, todos los esfuerzos del Estado Mexicano –que incluyen las enormes partidas de gasto social que año con año se asignan- ‘ayudan’ a reducir la desigualdad en 1.6 puntos del índice.
Pero este ‘esfuerzo’ del Estado mexicano palidece si se compara con lo que ocurre en las economías europeas de la OCDE. Éstas tienen un nivel de desigualdad de 44.7 puntos que, con los esfuerzos del Estado para paliar la desigualdad, se reduce a 29.6 puntos. Es decir, los estados europeos contribuyen con 15.1 puntos a la justicia redistributiva entre sus ciudadanos.
Allí está la explicación al ‘fraude social’ tan recurrente en México y el cuestionamiento de fondo a nuestra política fiscal y redistributiva.
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