La Cámara de Diputados aprobó con 335 votos la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, conocida como la Ley de testigos protegidos.

 

Los legisladores también avalaron la reforma al artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que distingue las figuras de personas protegidas y testigo colaborador.

 

Indicaron que se trata de una herramienta novedosa que evitará violaciones a las garantías del procedimiento penal.

 

Además busca asegurar la protección y atención a quienes intervienen en alguno de esos asuntos judiciales, y que por ese motivo se encuentren en riesgo o peligro.

 

El dictamen presentado por las comisiones unidas de Justicia y de la Función Pública de San Lázaro, establece la creación de un Centro Federal de Protección a Personas, el cual estará integrado por un grupo multidisciplinario de expertos, quienes determinarán el ingreso y separación de las personas protegidas a un programa diseñado para dicho fin.

 

El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales, calificó la validación a esta ley como un gran avance en materia de impartición de justicia.

 

“Puesto que se busca que las personas que intervengan en procedimiento penales en materia de delitos graves o de delincuencia organizada, tengan la seguridad de que serán protegidos por su aportación a esclarecer este tipo de delitos que aquejan con mayor impacto a la sociedad”, destacó.

 

El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, indicó que con esta primera ley para protección de los testigos protegidos, se reconocen figuras como víctima, testigo incidental y los testigos colaboradores.

 

“Contempla los presupuestos para ingresar al programa y crea el centro federal de protección a las personas que intervienen en el procedimiento penal”, agregó.

 

La perredista Dolores de los Ángeles Nazarez, dijo que con la aprobación de esta legislación se regula la actuación de los testigos protegidos que en la actualidad tienen un trato preferencial y cuestan al erario federal 13 millones de pesos.

 

“El objetivo del dictamen es garantizar la protección y atención de personas involucradas en el procedimiento penal, y que los procesos se realicen con apego a la ley”, señaló.

 

Mientras que el legislador panista, Ezequiel Retiz, comentó que institucionalizar el programa de protección a testigos, contribuirá a incrementar la credibilidad en la procuración de justicia y en la denuncia de delitos.

 

“La propuesta establece los métodos para imposibilitar la identificación de los testigos, y la obligación de la PGR para presentar un informe estadístico anual en materia de testigos protegidos”, agregó.

 

Por ello, exhortó al Senado de la República a no dilatar la aprobación de la minuta de la Cámara de Diputados, para que esta nueva ley pueda entrar en vigor en el corto plazo.

 

La figura de testigo protegido surgió en el año de 1970 en los Estados Unidos y México la adoptó en la segunda mitad de la década de los 90, derivado precisamente del fenómeno conocido como “delincuencia organizada”, que se caracteriza por la forma de operar y violencia en los grupos criminales, principalmente, los cárteles de la droga.