Un total de 40 funcionarios de distintos niveles y 21 civiles son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), por un quebranto causado al erario que supera los mil 300 millones de pesos, producto de dos mil 343 juicios irregulares contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 

Entre estos servidores públicos hay 22 de la paraestatal y 18 jueces del fuero común, así como 21 peritos independientes, informaron en conferencia de prensa el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; el titular de la CFE, Antonio Vivanco, y el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios.

 

Néstor Moreno, ex director de Operación de la CFE es uno de los funcionarios sujetos a investigación.

 

Hasta el momento sólo tres personas han sido detenidas y ocho han recibido algún tipo de sanción administrativa. La suma total de sanciones asciende a 475 millones de pesos.

 

Los aprehendidos son acusados de ser cómplices del pago indebido de indemnizaciones a particulares, por la instalación de torres y líneas de transmisión de la CFE. Ellos son José Raymundo Soto Conde, juez mixto de Primera Instancia de Mocorito, Sinaloa; Francisco Ladislao Rodríguez Retes, abogado de la CFE, y Martín López López, perito valuador externo.

 

Al juez se le acusa de resolver contra la CFE la indemnización, aun cuando carecía de competencia; el abogado es señalado porque de forma intencional, no ofreció pruebas a favor de la institución y no interpuso los recursos legales correspondientes, y el perito determinó valores de los inmuebles muy superiores a su valor real, por ejemplo, valuó el derecho de vía en 2.5 millones de pesos, cuando sólo eran por 100 mil.

 

Los pagos se realizaron a partir de una figura jurídica denominada derecho de servidumbre de paso, lo que significa que se paga a un particular por el uso de su terreno para pasar líneas de conducción de energía eléctrica.

 

De los ocho servidores públicos que recibieron sanción, cinco fueron inhabilitados por 10 años y deberán pagar diversas multas económicas, ellos son: Manuel Alberto Villa Martínez, jefe del Departamento Jurídico de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y Jesús Eduardo García, supervisor de zona adscrito a la superintendencia regional de la Zona Mazatlán, deberán pagar, cada uno, 88.2 millones de pesos.

 

De la gerencia regional de Transmisión de la CFE en Baja California fueron sancionados, también con 10 años, Roberto Jesús Amaro Pedroza, gerente regional, quien deberá pagar 116 millones de pesos; Ricardo Flores Álvarez, jefe de la Oficina Jurídica, deberá cubrir 63.2 millones de pesos, y Elvira Torales Villalón, empleada de este departamento, con una sanción de 55.2 millones de pesos.

 

Maribel Linares Rosas, jefa del Departamento Jurídico, y Verónica Mejía Garibay, jefa de departamento de la Oficina Central de Transmisión Central, fueron suspendidas y deben pagar 2.4 millones y 1.6 millones de pesos, respectivamente.