En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ni el abogado general, el Órgano Interno de Control, ni los gerentes divisionales de Distribución de las zonas Noroeste, Golfo Centro, Baja California y Sureste, y sus respectivas oficinas jurídicas, cumplieron con sus obligaciones legales, lo que facilitó que la paraestatal sufriera un daño patrimonial, en principio valuado en mil 320 millones de pesos, pero que podría incrementarse.

 

Desde principios de 2008, la congelación de cuentas por parte de juzgados para pagar adeudos por indemnizaciones por servidumbre de paso, la emisión de cheques para cubrir esos pagos por sentencias desfavorables que se acumulaban por cada proceso judicial perdido, y hasta acuerdos fuera de juicio con particulares para cubrir indemnizaciones, a pesar de que los litigios en varios casos, resultaron favorables a la CFE.

 

El Estatuto Orgánico de la paraestatal obliga al abogado general de la CFE y a los gerentes divisionales a conocer de este tipo de asuntos jurídicos y administrativos, resolverlos y proceder en caso de ser necesario.

 

Sin embargo, a pesar de haber sido notificados por las diferentes oficinas y hasta por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) desde 2006 y con mayor énfasis en 2008, los manuales y documentos de referencia no fueron modificados.

 

Tampoco se iniciaron, en esas fechas, procedimientos administrativos contra los empleados de CFE responsables, o al menos no existe constancia de ello por parte del Órgano Interno de Control de la paraestatal.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) define en las distintas investigaciones la responsabilidad en la que incurrieron cada uno de los funcionarios, ya sea por acción u omisión de sus obligaciones, por lo que funcionarios de distintos niveles son investigados, incluso notarios públicos a los que se les pagó por sus servicios, y sin embargo no entregaron la documentación correspondiente.

 

En 2006, la ASF puso en evidencia las primeras muestras de irregularidades sobre el pago de indemnizaciones y la integración de sus respectivos expedientes. En la revisión de la Cuenta Púbica 2008, las anomalías cometidas ya arrojaban daños a la CFE por más de 80 millones de pesos. Algunos despidos de funcionarios fue la solución que dio la paraestatal. Para 2009, en lugar de disminuir el fenómeno se incrementó gravemente, de acuerdo a los documentos de la Auditoría Superior.

 

En la revisión de la Cuenta Pública de 2009, se revisó de nueva cuenta el rubro de indemnizaciones por servidumbre de paso y derecho de vía, porque el daño al patrimonio de la paraestatal que se detectó en 2004 y porque la propia CFE, entonces, determinó que era “uno de los cuatro riesgos institucionales de atención inmediata” y la ASF asentó en sus documentos que: “se tienen indicios de que en 2009 continuó la problemática en el rubro”. Así fue.

 

Pero fue hasta noviembre de 2011, tres años después de tener datos concretos y hasta pruebas obtenidas por la ASF de las irregularidades cometidas, hasta que se impusieron las primeras sanciones administrativas por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a tan sólo ocho funcionarios de rangos medios y de ellos, por lo menos la mitad, ya ni siquiera laboran en la CFE, y ni siquiera es la totalidad de los que podrían estar involucrados en esos mismos hechos.

 

Y sólo contra uno de ellos, que ni siquiera ha sido sancionado por SFP, Francisco Ladislao Rodríguez Retes –ex abogado de CFE en el departamento Jurídico de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste , se inició dos juicios penales, el resto están bajo investigación por parte de la PGR.

 

La ASF concluyó en su revisión de la Cuenta Pública 2009, de la que sólo revisó apenas el 47.9% de las indemnizaciones hechas por la paraestatal en ese año:

 

“La CFE no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía, como se precisa en el apartado correspondiente de este informe”.