La Presidencia de la República no ha promovido ninguna demanda legal en contra de los 23 mil mexicanos que firmaron la denuncia contra el gobierno federal ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sino que presentó pruebas para defenderse de tal acusación, precisó Alejandra Sota.

 

La vocera de la Presidencia dijo en entrevista radiofónica que el Presidente Felipe Calderón no procederá en contra de quienes critican las políticas públicas, pero sí defenderá las acciones que realiza el gobierno federal por lo que está pendiente de este proceso legal.

 

“Debe quedar muy claro que el gobierno federal no procederá en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones del Ejecutivo Federal, pero sí tiene el derecho de defenderse en todas las instancias nacionales e internacionales por las acciones que haya emprendido el gobierno federal para defender a los ciudadanos de los criminales”, acotó.

 

Sota también puntualizó que por el momento “no existe una demanda ante la Corte Penal Internacional. Los ciudadanos entregaron información al fiscal de la Corte, esto no implica que la Corte vaya a conocer del caso”.

 

Recordó que el fiscal de la CPI, Luis Moreno Campo, puso en duda hace un mes, en Madrid, España, la factibilidad de esta denuncia y agregó que los señalamientos corresponden a decisiones o responsabilidades políticas que no son materia de este juicio por parte de la Corte, ya que para que pueda proceder se debieron haber cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad.

 

La vocera del Ejecutivo Federal manifestó que el Tratado de Roma y la CPI nacieron para castigar crímenes de guerra o lesa humanidad como aquellos perpetrados en la República de Yugoslavia o Libia donde la población civil fue víctima de políticas deliberadas de exterminio en un marco de autoritarismo y no en democracia.

 

“No nació para sancionar políticas públicas de estados democráticos que fortalecen precisamente el estado de derecho, que velan por la seguridad de sus ciudadanos, que apuestan por sus instituciones, por la diversidad, y por el respeto a los derechos humanos”, enfatizó.

 

Insistió que el gobierno federal tiene argumentos suficientes para sustentar que la lucha por la seguridad de los mexicanos ha sido correcta, apegada a la ley y basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho en democracia y orientada a la protección de las garantías individuales.