La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por el delito de homicidio doloso.

 

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, la orden es derivada de la muerte del bebé Arturo Enrique Hernández Solís, ocurrida a finales del 2002 en el Hospital General K de Comitán de Domínguez.

 

Indicó que los nueve tomos y 33 anexos, que suman 19 mil 282 fojas, exponen entre otras pruebas incriminatorias las declaraciones de 41 servidores y ex servidores públicos, así como las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al hospital general.

 

Además, las investigaciones revelan una serie de graves carencias que presentaba el nosocomio, lo que derivó en la muerte de 22 menores más, entre noviembre de 2002 y enero de 2003.

 

Lo anterior, se encuentra asentado en los informes emitidos en 2003 por la propia Contraloría General del Estado y la Dirección General de Servicios Periciales de la PGJE.

 

Estas instancias coincidieron en que el hospital -considerado de segundo nivel- no contaba con los especialistas necesarios para brindar atención adecuada.

 

También presentaba falta de personal especializado, medicamentos, instrumental y equipo de las áreas de gineco-obstetricia y pediatría; alto riesgo de contaminación, y el personal de limpieza para esta área no contaba con un buen control y manejo de residuos y materiales infecto-contagiosos.

 

En 2004, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al gobierno del estado la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio, siendo las principales la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.

 

No obstante, el propio Salazar Mendiguchía ordenó al entonces Procurador, Mariano Francisco Herrán Salvatti, cesara en las investigaciones por la muerte de los bebés y determinara para las 24 averiguaciones previas iniciadas el no ejercicio de la acción penal, enviándolas de inmediato al archivo como asunto concluido.