Un grupo de civiles que demandó a Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI) exigió hoy al mandatario mexicano que desista de tomar acciones legales en su contra por “calumnias” y anunció que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares.

 

Durante un acto celebrado en el Club de Periodistas de Ciudad de México, los representantes de los 23.000 firmantes de la demanda exigieron a Calderón “que retire formalmente el pronunciamiento que sugiere que procederá legalmente en su contra”.

 

El 25 de noviembre un grupo encabezado por el abogado Netzaí Sandoval presentó ante la CPI una demanda contra el presidente y varios funcionarios por “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, al considerar que su lucha contra el narcotráfico ha causado más de 50.000 muertes.

 

Dos días después el Gobierno de México rechazó a través de un comunicado “las imputaciones falsas y calumniosas” del grupo y anunció su intención de proceder legalmente contra estas personas.

 

“Ejercer nuestros derechos no es un acto criminal ni tampoco una acción que calumnie, razón por la cual rechazamos la acción intimidatoria que el Gobierno de la República ha emprendido en nuestra contra”, señalaron hoy los activistas.

 

“Invitamos respetuosamente al Gobierno federal, y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país”, añadieron.

 

El grupo de activistas consideró que acudir a los tribunales internacionales es un derecho recogido en la Constitución federal que representa, a su vez, una defensa de los derechos humanos en México.

 

Señalaron también que sería “improcedente” una eventual demanda civil contra ellos por daño moral, la cual “resultaría notoriamente infundada”.

 

Los promotores de la demanda dijeron que solicitarán a la CIDH que les otorgue medidas cautelares para evitar riesgos y asegurar las condiciones para continuar con esta acción.

 

“Hacemos responsable al presidente Calderón de cualquier acción legal en nuestra contra que criminalice nuestro ejercicio de derechos y también lo responsabilizamos de cualquier acción extralegal que pueda poner en riesgo nuestra libertad e integridad”, advirtieron.

 

“El simple comunicado de Presidencia es una amenaza”, indicó el general brigadier José Francisco Gallardo, presente en el acto, en el que se informó que Netzaí Sandoval no ha estado en los últimos eventos públicos “por razones de prevención y seguridad”.

 

“Sandoval no ha sido denunciado públicamente, pero está siendo acosado constantemente tanto en medios de comunicación como en redes sociales”, indicó un miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, John M. Ackerman.

 

Añadió que el objetivo de la demanda no es meter en la cárcel a Calderón, sino saber la verdad sobre lo que está pasando en el país.

 

El fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, aseguró el pasado 29 de noviembre en entrevista telefónica con Efe que estudiará las denuncias recibidas.

 

Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la CPI. (EFE)