Margarita Iglesias vive en el edificio Petrarca, ubicado en Polanco. Cuando ella fungía como administradora del inmueble, en septiembre de 2010, cinco  inquilinos dejaron de cubrir la cuota de mil 600 pesos en represalia porque ella les había pedido no ocupar áreas comunes. La falta de recursos se reflejó en el deterioro del edificio.

 

Las diferencias personales entre vecinos han llevado el problema de morosidad en pago de mantenimiento a altos niveles en la ciudad de México.

 

Ni con  la nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles o Ley de Condóminos, Margarita pudo cobrar la cuota ya que los cinco inquilinos optaron por depositarla en la Dirección General de Consignaciones, que depende del Tribunal Superior de Justicia.

 

Este movimiento ampara a los vecinos, que alegan estar al corriente en sus pagos, pero en todo este tiempo ni Margarita ni el nuevo administrador han podido cobrar los cheques, porque la dirección no los reconoce como los responsables de las finanzas del edificio. La administración no está registrada ante la Procuraduría Social.

 

“Te tratan como criminal, va un vecino y dice que nosotros somos los culpables de todos sus males y después ellos no nos quieren pagar y el Tribunal no nos reconoce como administradores, pero sí está jineteando la lana”, relata Margarita.

 

Como ella, hay 40 administradores que interpusieron su queja, por el mismo problema, en la Dirección General de Consignaciones, que fue creada para que las persones que, por alguna circunstancia no pagan directamente su mantenimiento lo hagan a través de un cheque por consignación en esta  área, tal como lo establece el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

 

Pero, los administradores tampoco pueden cobrar los cheques ni aquí, ni en Bansefi –banco encargado de emitirlos- , porque tienen una leyenda que serán liberados hasta que la persona que lo depositó lo autorice.

 

“Esto es una chicanada para que se siga retrasando el pago a los administradores”, aseguró Dione Anguiano, titular de la Procuraduría Social del Distrito Federal (Prosoc).

 

De acuerdo con Anguiano, la morosidad de los inquilinos es el principal problema de las siete mil 250 unidades habitacionales que existen en la Ciudad de México, ya que el 60% de las denuncias que reciben anualmente están relacionadas con este tema.

 

Hasta el momento hay 40 casos donde los pagos están consignados, “pero hay administradores que tienen muchos años y nos dicen que esto sucedía desde hace mucho tiempo; pero la Prosoc no los resolvía y el dinero se quedaba allí, hasta que el inquilino iba y lo retiraba.”

 

Ante la falta de reconocimiento de los administradores para que les entreguen el pago, la procuradora está por firmar un convenio con Bansefi. “Con esto, se les reconoce a  los administradores  para que hagan los cobros necesarios”, añadió la procuradora.

 

Gracias a ese convenio, el caso de Margarita será el primero en resolverse en dos semanas y podrá cobrar el dinero.

 

“Suponemos que pagaron menos de los mil 600 del mantenimiento, pero una vez que lo saquemos, entablaremos un juicio para que paguen lo que falta, tal como lo marca la ley”, dijo la señora.

 

La ley de condóminos, que fue reformada a principios de este año para coadyuvar a resolver los conflictos con los morosos, tendrá algunos cambios antes de que concluya el 2011, pero no se contemplaron modificaciones a este tema.

 

“En las reuniones estuvieron los representantes de la Prosoc y nadie mencionó que el artículo 59 (que señala el asunto del pago por consignación) necesitará un cambio. Si no los piden claro que lo cambiamos porque las leyes son perfectibles”, expresó Ana Estela Aguirre, presidenta de la comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del DF.