El narcotráfico es considerado un crimen transnacional porque es una actividad que se desarrolla en varios países con la finalidad de reducir los costos y riesgos de la operación, y mantener dentro del ámbito de la legalidad la mayor parte de las transacciones.

 

Tomemos el ejemplo de las metanfetaminas que tocamos la semana pasada. En India y China es legal la fabricación de pseudoefedrina, que adquieren traficantes mexicanos a través de cuentas de banco en Panamá, donde las reglas de transferencias bancarias son muy laxas. La materia prima luego es enviada a Uruguay, país con el que México tiene un tratado comercial distinto a los demás países del Mercosur.

 

Ahí el producto es reetiquetado y reempacado, para ser catalogado como un “saborizante para bebida” y ser enviado a México. En México, la pseudoefedrina pasa por un proceso industrial y luego se exporta a EU donde parte del dinero regresa a México y otra parte se usa para comprar armamento, que luego es introducido al país.

 

De toda esta cadena de producción el reetiquetado en Uruguay tiene una multa administrativa, la producción en México lleva una condena mayor a 10 años de prisión y en los EU comprar armas para un tercero es ilegal, sin embargo una transacción como estas pasaría desapercibida por las autoridades.

 

Esta es la razón por la cual tiene que existir una cooperación entre países para poder combatir y enfrentar de manera integral al crimen organizado, ya que es muy difícil que un país pueda establecer el mapa criminal de una organización sin la cooperación de los demás.

 

Un ejemplo, de los frutos de la cooperación han sido los intercambios entre Francia y España para desmantelar a ETA, que hoy está firmando la paz. Otro es la cooperación entre EU y Colombia donde el intercambio de información y capacitación ha permitido que disminuya la violencia y el poder del crimen organizado.

 

La administración del presidente Calderón, a través del procurador Medina Mora estableció contactos de alto nivel con los gobiernos de EU, España, Colombia, Canadá y Francia, lo que permitió iniciar la construcción de confianza hacia las autoridades mexicanas, mediante el intercambio de información estratégica y táctica. Pero esto se congeló a la salida de Medina, porque nadie en el gabinete contaba con el nivel o la confianza de los interlocutores.

 

El resultado es que países como Estados Unidos, en el afán de obtener información para desmantelar el crimen organizado, realiza actividades dentro del país, y muchas veces con consecuencias desastrosas como lo ha sido Fast and Furious; la investigación llevada acabo por la DEA sobre métodos de lavado de dinero; y hasta actividades de cooptación de criminales mexicanos como testigos protegidos en EU (caso de Vicente Zambada Niebla).

 

Pero el gobierno mexicano también tiene la culpa. La administración del presidente Calderón ha utilizado los canales de cooperación internacional para obtener información sobre casos políticos como es solicitar información urgente sobre Humberto Moreira a EU; solicitar un seguimiento especial a Napoleón Gómez Urrutia en Canadá; o pedir información de uno de sus secretarios a las autoridades españolas.

 

Lo grave es que mientras se pronuncia un discurso prioritario sobre la guerra contra el narcotráfico, los instrumentos de cooperación internacional son utilizados con fines políticos.

 

A su vez, cuando se solicitan extradiciones como el caso de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”; o se incorpora a empresas mexicanas en la lista de OFAC, por sus nexos con actividades ilícitas o de lavado de dinero, la respuesta del Gobierno mexicano es nula. A esto hay que sumarle el grado de corrupción en aumento en las áreas de seguridad del gobierno federal.

 

El próximo presidente tendrá que enviar señales contundentes a la comunidad internacional si quiere que México sea tomado en serio como un socio en la lucha contra el crimen transnacional.

 

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