Detención arbitraria, extorsión, falta de inmediata puesta a disposición, allanamiento de morada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y multas excesivas e indebidas son las violaciones a derechos humanos más comunes en Guerrero.

 

Esto de acuerdo con el informe “Desde la mirada ciudadana”, elaborado por el Monitor Civil de la Policía de Guerrero (Mocipol) en colaboración con el centro de investigación Fundar, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), el cual de 2007 a la fecha documentó 353 casos de abusos por parte de las instituciones policiales, tanto federales como estatales y municipales que permanecen en la entidad.

 

De acuerdo con varias estimaciones, Guerrero es catalogado como uno de los estados con mayor tasa de homicidios en los últimos años. “El informe es una mirada imparcial, no sólo es decir que la policía es violadora de derechos humanos, eso no lo podemos ocultar, sino también equilibrar la parte de documentar casos y sobre todo, determinar los patrones que se reproducen a distintos niveles policiales”, aseguró Matilde Pérez, directora de la Mocipol.

 

El análisis arroja que los patrones de abuso se reflejan en “cadenas de violaciones” que se concentran principalmente –de las 45 instituciones policiales que están presentes en la entidad- en la Policía Investigadora Ministerial, La Policía Municipal Preventiva y el Ejército.

 

Según el mismo estudio, se les adjudicó 12, 3 y 4 casos de tortura; mientras 10, 30 y 4 casos de tratos crueles inhumanos y degradantes, respectivamente a cada una de las policías. De los 24 casos vinculados con el ejército, se le relaciona con violaciones graves a los derechos humanos como casos de tortura, desaparición forzada, tratos crueles, amenazas e intimidación, así como dos casos de ejecuciones extrajudiciales.

 

“El monitor no se contenta sólo con levantar las quejas y hacer la documentación de los casos, sino que tiene la preocupación de incidir en los factores estructurales que dan origen a esas situaciones de abuso de manera recurrente”, aseguró Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

 

Así, el informe propone una revisión institucional y social para reconstruir la manera de aproximarse colectivamente a la sociedad y la manera de funcionar de las instituciones policiacas, explicó Ernesto López Portillo, investigador de INSYDE, una de las instituciones coautoras del estudio.

 

La labor de la Mocipol se centró en la documentación de casos y en la búsqueda de un acercamiento con las policías que permanecen en la entidad desde hace varios años, lo cual complicó el desempeño de la organización su fundación en 2007.

 

“La policía no está acostumbrada a rendir cuentas, y el que esté un actor en la región a quien no solo tienen que rendir cuentas sino a quien también se van a acercar para documentar casos de abuso policial pero también se van a acercar para mirar de dentro a la institución y documentar las causas que causan las deficiencias estructurales que hagan que se siga cometiendo abusos de derechos humanos en la región resultó complicado”, aseguró la directora del monitor.

 

Mientras que del total de quejas recibidas, 92% fueron interpuestas por ciudadanos, el 8% fue interpuesta por los mismos policías al detectar abusos al interior de sus organizaciones.

 

En el 60% de los casos documentados, la Mocipol sólo asesoró a las personas que denunciaron, ya que la gente tiene miedo a represalias, a un proceso largo de búsqueda de justicia o a que prefieren aceptar la extorsión para que devuelvan a su familiar y desisten de continuar el proceso de denuncia.

 

Este es el primer estudio que contiene datos duros sobre violaciones de derechos humanos en la región así como ciertas recomendaciones a las instituciones policiacas para modificar sus prácticas. Las organizaciones esperan reunirse la próxima semana con autoridades de Guerrero para proponer sus recomendaciones.