Más de la mitad de la población que habita en dos mil 284 municipios del país (93% del total nacional) carece de seguridad social, y el gobierno no está dando una respuesta para garantizar el acceso, reveló el estudio Medición de Pobreza 2010.
“Los países de Latinoamérica no pudieron consolidar sus sistemas de seguridad social. En el caso de México hay un déficit para dar acceso”, subrayó José Arturo Granados Cosme, coordinador de la maestría en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Xochimilco.
El académico explicó que son tres las causas que han obstaculizado el acceso a la seguridad social; una es la falta de empleo, otra el fracaso del Estado para crear empleos formales y la tercera tiene que ver con el deterioro de las instituciones que garantizan los empleos formales.
La investigación realizada por el Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) precisó que quienes viven en los grandes municipios o grandes urbes tienen menos posibilidades de acceder a condiciones de seguridad social como incapacidad médica, una pensión o atención en instituciones de salud.
“Las grandes ciudades expresan la desigualdad de los niveles sociales, por eso no es casualidad que sean estos lugares donde la gente carezca precisamente de este tipo de servicios”, explicó el académico.
La delegación Iztapalapa encabeza la lista con 1.14 millones de personas sin seguridad social. Le siguen Puebla, Ecatepec, Tijuana, León, Nezahualcóyotl, Guadalajara, Morelia y Acapulco.
El Coneval define la seguridad social como el “conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias en casos de accidentes o enfermedades, o bien en circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo”.
Estas prestaciones generalmente se ofrecen con un empleo formal. También existe la opción de que el empleado independiente realice aportaciones voluntarias para tener una jubilación. La gente que no trabaja puede tener este último beneficio por la relación con algún familiar que cotice.
En caso de no acceder por ninguna de estas vías a la pensión, jubilación y servicios médicos se considera que existe una carencia social, que se vuelve un indicador de pobreza.
Los números del estudio arrojaron que en 2010, aproximadamente 60% de la población total del país (68.3 millones de mexicanos) carece de seguridad social.
Una forma de contrarrestar las desigualdades es a través de la redistribución del ingreso económico. “Necesitamos reorientar las políticas sociales hacia la redistribución del ingreso y el empleo para que así más personas puedan acceder y se mejore el servicio que se da”, consideró Granados Cosme.
De otra manera, el panorama que se vivirá en 30 años será difícil. “Ya vemos que en México está aumentando la población de más de 60 años, y este sector sobrevivirá en condiciones de precariedad, ya que sólo contará con los subsidios que le dé el estado. Además, habrá una menor proporción de contribuyentes a la seguridad social y un alto número de ancianos en situación de pobreza”, expresó el investigador.