Quienes quieren revivir las acusaciones en mi contra “tienen el interés de lastimar y vulnerar las acciones” que el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas ha emprendido en contra algunos funcionarios a los se les sigue un proceso o incluso están en la cárcel.
Así fue la respuesta de Gladis López Blanco, esposa de Vega Casillas y ex suprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, a quien desde 2009 una denuncia ciudadana señaló como la cabeza de una red de extorsionadores en contra de empresarios gasolineros.
En una entrevista a modo en el Canal 40, López Blanco aseguró que hoy la Cámara de Diputados, especialmente “el joven” Pablo Escudero, diputado del PVEM, revive un tema en el que no presenta puntos consistentes.
Dijo que la denuncia se presenta en 2009, y que no está escrito en la normatividad que “puedas ser responsable cuando los hechos ocurren cuando ya no está el espacio a tu cargo, estás fuera de la función y jurídicamente no hay modo, ni tiempo, ni lugar que me vincule a mí”.
“Es más el interés de vulnerar la actividad de un funcionario que ha tenido logros y resultados en este sexenio, como nunca hemos visto, con funcionarios con procesos de investigación o incluso en la cárcel”, dijo la esposa del secretario de la Función Pública.
“Sí te puedo decir -agregó- que cuando se dan estas declaraciones o denuncias públicas, acudo a la PGR a comparecer de manera voluntaria, en ánimo de transparencia y responsabilidad de resolver lo que a mí corresponda, aportar la información porque estoy siendo mencionada, en hechos que no ocurrieron y no tuvieron que ver con lo que de mí se menciona, de calumnia; y me presento ante la autoridad con un escrito, esto me obliga a un acto de responsabilidad para definir mi responsabilidad jurídica con respecto a lo que mí me toca”.
Resaltó: “Yo presenté toda la documentación de mi patrimonio, de mi esposo, mis declaraciones son públicas, son compartidas, porque tenemos cuentas mancomunadas, declaración pública, contable para probar propiedad legítima de nuestros bienes; esto ya ha concluido, he obtenido una resolución que me deslinda, y se comprobó la licitud y probidad de nuestro patrimonio y tengo el no ejercicio de la acción penal”, concluyó.