La existencia de monopolios o empresas dominantes públicas y privadas inhiben y afectan el crecimiento económico de México, aseguró Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC).

 

Actualmente hay una competitividad vibrante en el sector manufacturero pero “no hemos logrado abrir la competencia en sectores como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros, energía, incluso en el educativo”, señaló.

 

Aseguró que la economía mexicana no ha crecido en los últimos 20 años por la falta de eficiencia en los mercados, es decir, algunos jugadores con poder no permiten la entrada de más productos ni incentivan en el mejoramiento de los servicios, comentó el responsable del ente antimonopolios.

 

“Si hubiera una mayor competencia en el territorio nacional se podría pasar de un crecimiento económico de 3.5% anual a más de 5%. Sin embargo las compañías monopólicas” son un lastre y no ayudan en una mayor oferta ni en la generación de empleos, expuso en entrevista con 24 HORAS.

 

La mayor inyección de competencia en manufacturas se dio por la apertura de la economía mexicana al mercado mundial, es decir, esos empresarios “tienen la opción de importar cualquier producto desde” el exterior, añadió.

 

Según el comisionado de la CFC, el gobierno federal ha logrado una mayor estabilidad macroeconómica pero el pendiente es cómo conseguir tasas de crecimiento económico más altas, porque el crecimiento económico ha sido muy bajo durante muchos años.

 

Sin duda, para cualquier economía en el mundo es fundamental la competencia ya que hace funcionar con eficiencia a los mercados y mueve a los inversionistas a innovar, a crear mejores procesos productivos, manejar de buena forma sus finanzas públicas y recursos humanos, así como a ofrecer mejores productos de calidad, mencionó.

 

“Cuando le abres la puerta a los financieros para que entren y salgan del mercado, provoca una mayor rivalidad que los beneficia al convertirlos en más fuertes y capaces de competir en el territorio nacional y en el exterior”, acotó Pérez Motta.

 

En resumen “ganamos todos”, dijo, pues das mejores opciones de precio, calidad y productos a los consumidores; además eso representa un estímulo a los mercados a promover un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a mayor velocidad, mejor distribución de la riqueza y reducción de los precios finales.

 

“La virtud de la competencia es que no requieres de mucho tiempo para ver los resultados, por ejemplo, con el ingreso de Dish al mercado de televisión satelital y al ganar mercado en un plazo de dos años, la empresa Sky tuvo que reducir los precios”.

 

El comisionado mencionó que con la Ley de Competencia, cuya entrada en vigor se dio en mayo de 2011, se le dieron más instrumentos legales a la CFC para combatir las prácticas desleales, pero “hay una discusión pendiente en el Congreso de la Unión para establecer un procedimiento de la revisión de las decisiones de la Comisión en el Poder Judicial”.

 

Se requiere de un procedimiento expedito, que no se quede muerto y sin ser funcional; balanceado para las autoridades administrativas y para los competidores, y respetuoso de la división de poderes, es decir, que “el Poder Judicial no tome el rol del Ejecutivo”, indicó.

 

Las investigaciones de prácticas anticompetitivas son por abuso de dominancia, la cual se da cuando de manera unilateral una compañía desplaza a sus competidores. O bien de colusión, es decir se ponen de acuerdo empresarios para no competir, también asuntos relacionados con la regulación a nivel administrativo en el gobierno.

 

Respecta decisión de la SCJN

Pérez Motta afirmó que respeta y respalda la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual le negó un amparo para votar en la decisión de aplicar una multa de 11 mil 989 millones de pesos contra la telefónica Telcel.

 

“Es un asunto juzgado por la Suprema Corte, y es una decisión final que simplemente la acato”.

 

Al principio, estuvo en desacuerdo con la decisión de los otros comisionados de la CFC, por eso se amparó y la SJCN decidió. “No tengo derecho a amparo por ser funcionario, y ahora respeto y avalo esa decisión”.