El 3 de diciembre nació en Caracas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), sucesora del antiguo Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, el “Grupo de Río” e integrada por 33 estados. Para sus promotores será la contrapartida de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque no participarán los Estados Unidos y Canadá, ni tendrá una obligación institucional en materia de derechos humanos, algo que sí tiene la OEA, tema que incomoda a muchos gobiernos que exhiben altas marcas de impunidad, tortura, violencia, corrupción y debilidad en ciertas garantías políticas.

 

En la “Declaración de Caracas” se hizo una vaga alusión a la “no injerencia en los asuntos internos de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos y de la democracia”. Pero algunos presidentes que quieren establecer un sistema de derechos humanos a la medida de la CELAC, sin rescatar de la OEA dos instancias trabajosamente construidas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para algunos miembros de la CELAC reemplazar estos organismos permitiría responder a los “intereses de los pueblos” y no a los intereses de Washington, idea que fue expuesta por el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

 

Se debe señalar que el pasado 30 de noviembre la Comisión alertó sobre las graves condiciones de detención en los países de la región, la persistencia de torturas y la impunidad en muchos casos, además del incumplimiento casi absoluto de los mecanismos regionales y universales de prevención y prohibición de la tortura y los malos tratos.

 

La realidad es que gobiernos de distinto signo han sido cuestionados por el sistema de defensa de derechos humanos de la OEA. El más crítico ha sido el gobierno venezolano, que acusó a la Corte de ser “la corte del imperio” al cuestionar la desigualdad para elegir candidatos opositores y las limitaciones impuestas a las autoridades electas no oficialistas. Durante este año la Corte ordenó habilitar la participación electoral de un ex alcalde, pero el presidente Hugo Chávez respondió que la Corte “no vale nada, cero a la izquierda”.

 

Hacia la derecha del espectro político, el actual presidente pro-témpore del CELAC, el presidente de Chile Sebastián Piñera se sintió cómodo en el antiimperialismo caraqueño, aunque su gobierno se sostiene en una coalición de derechas integrada por defensores de la dictadura de Augusto Pinochet. Poco antes, la Comisión Interamericana señaló los abusos policiales en la represión de las protestas estudiantiles, que buscan reformar un sistema educativo regido por políticas neoliberales.

 

Al parecer este nuevo espacio, retórico, del CELAC cultiva la idea de que lo mejor es el aislamiento económico en un mundo incierto –que siempre lo ha sido- en vez de enfrentarlo, no cuestionar el ejercicio discrecional del poder y llevar a cabo el impresentable desmontaje de la institucionalidad de defensa de los derechos humanos, quizás el más valioso acervo de la OEA.

 

*Profesor-Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México