El gobierno federal ha pagado 8 millones 300 mil pesos, a quienes han sido violentados en sus derechos humanos en atención a recomendaciones hechas a la secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, y al Instituto Nacional de Migración.
Jorge Alberto Lara Rivera, comisionado político de la Secretaría de Gobernación, estableció lo anterior durante su intervención en el seminario internacional “Impacto de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Retos de los órdenes jurídicos nacionales”, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
El funcionario dijo que para dar cuenta del interés del actual gobierno federal respecto a los derechos humanos, se han pagado las indemnizaciones a quienes luego de denunciar se han emitido recomendaciones, y consideró menor el número de quejas comparado con las acciones realizadas por la Sedena y la Semar, “que realizan 700 mil servicios anuales”.
Al desglosar las quejas y recomendaciones, dijo que del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 5 mil 391 quejas por la actuación de los elementos del Ejército, de las cuales 79 han derivado en recomendaciones, que han sido aceptadas en su totalidad por la Sedena.
En el caso de la Semar, en el mismo periodo se recibieron 615 quejas, de las cuales en ocho se emitió recomendación, y una de ellas no fue aceptada, se encuentra en proceso de análisis.
En el caso del Instituto Nacional de Migración, se han emitido 29 recomendaciones, de las cuales ha aceptado 28.
“Las violaciones son excepcionales, y su incidencia es poco probable”, consideró Lara Rivera, quien llamó a evaluar con datos y no con percepciones.
“No hay una política de violación a derechos humanos, y cuando se ha presentado se ha atendido”, reforzó, y negó que exista un contexto de impunidad.
El funcionario dijo que en un solo caso las víctimas han rechazado el pago de las indemnizaciones, por no estar conformes con los avances de la investigación judicial.
Mientras que algunas en las que las víctimas son menores de edad, están en proceso para hacer los depósitos en instituciones bancarias, para que reciban el dinero al cumplir la mayoría de edad.
La intervención del funcionario de la Segob provocó críticas en la primera y segunda mesa del encuentro con especialistas en materia de Derechos Humanos. Una provino del investigador Manuel Becerra, quien anotó que Lara planteó un escenario idílico en el cual ya no sería necesario “tener encuentros como éste”, y la segunda provino del presidente de la Comisiòn Estatal de Derechos Humanos, Juan José Ríos Estavillo, quien dijo que la posición del funcionario federal es “sumamente cuestionable”.