El estado de Chihuahua vivía ya a finales del año pasado una ola de violencia atribuida a una pugna entre un cártel local y otro originario de Sinaloa, a la que culpaban de más de 2 mil 700 homicidios en 2010 en la ciudad fronteriza.
 
El Diario de Juárez, que trabaja independiente del Diario de Chihuahua pero comparte propietario, también sufrió a mediados de septiembre el asesinato de un fotógrafo. Los crímenes, en siguientes meses, se fueron dando con similar frecuencia hasta la fecha, cuando la lista de periodistas muertos crece y los resultados de las autoridades frente a las respectivas investigaciones son magros.
 
El diario veracruzano Notiver vivió la muerte de dos de sus periodistas en fechas recientes. El 26 de julio de 2011, el cuerpo de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz fue encontrado durante la madrugada en la colonia Jardines de Virginia del municipio de Boca del Río, según el reporte de las autoridades policiales. La periodista de la fuente policiaca y columnista de Notiver, periódico de mayor circulación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, estaba desaparecida desde hacía 48 horas, se informó.
 
El cuerpo de Ordaz de la Cruz fue localizado alrededor de las 4:00 horas en la avenida Ruiz Cortines, en las inmediaciones de otro periódico, Imagen del Golfo, luego de que vecinos del fraccionamiento alertaron a los uniformados del hallazgo.
 
Este fue el segundo homicidio en menos de dos meses en contra de trabajadores del periódico veracruzano, ya que un mes antes, el 20 de junio, fue asesinado Miguel Ángel López Velasco, columnista y subdirector de este medio, junto con su esposa y un hijo menor de edad.
 
Dos días después del hallazgo del cuerpo sin vida de Yolanda Ortiz de la Cruz, por lo menos cinco reporteros de Notiver abandonaron la ciudad de Veracruz ante la falta de garantías para proteger su integridad física y el desarrollo de su profesión, informó el rotativo.
 
Después, el 24 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se había recibido aviso por parte de elementos de la Policía Ministerial de que en la Colonia Madero se encontraba un cuerpo sin vida, decapitado y con un mensaje atribuido a un grupo delictivo.
 
El Ministerio Público llevó a cabo la diligencia y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicó la autopsia de ley.
 
Este mismo día se identificó a la persona fallecida como María Elizabeth Macías Castro, de 39 años de edad y quien se desempeñaba como jefa de redacción del periódico Primera Hora.
 
Junto al cuerpo, fue dejado un cartelón, en donde acusaban a esta víctima de usar el seudónimo de La Nena de Laredo, y de navegar en el portal Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales para pasar los reportes de hechos violentos que suceden en esta ciudad. Además de colocaron dos teclados de computadora, un reproductor de discos y varios cables.
 
Diagnóstico
 
Las cifras a nivel nacional sobre estas agresiones son preocupantes. El año pasado, por lo menos 12 periodistas fueron asesinados en México, según la organización civil “Reporteros sin Fronteras”. El reporte más reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundido apenas el 6 de junio de 2011 a través de Frank La Rue, relator especial del organismo para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, es todavía más dramático. Señala que 66 periodistas han resultado asesinados y 12 permanecen desaparecidos en nuestro país entre los años 2000 y 2010, lo que convierte a México en la nación más peligrosa de América Latina en el ejercicio de este oficio. Desde esa fecha, se han documentado por lo menos otras dos muertes como parte del ejercicio periodístico.
 
Según el funcionario, es “la falta de voluntad política por parte de la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la PGR, parte de este problema”, ya que desde 2006, año en que fue creada, no ha alcanzado la sanción penal de un solo responsable y ha consignado apenas cuatro casos.
 
La Rue detalla los datos a partir de una misión oficial conjunta con la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, efectuada apenas en agosto del año pasado en territorio mexicano. Ambos visitaron el Distrito Federal, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, donde se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales, a nivel federal y estatal, además de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas.
 
En el informe se detalla la ausencia de una política pública integral tendiente a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio; imposibilita que la sociedad mexicana contribuya a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.