Cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron sentenciados a 25 años de prisión, tras confirmarse que estaban vinculados con la organización delictiva de los Beltrán Leyva, con lo cual suman ya nueve los militares condenados en menos de dos meses por su relación con el narcotráfico.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que los sentenciados son el mayor Humberto Solís Galicia, y los tenientes y sargentos Alberto Cortina Herrera, Francisco Jesús Pérez Chávez, Humberto Ramírez López Cornejo y Ricardo Ramírez León, todos adscritos a la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, Sinaloa.
El Juzgado Cuarto de Distrito encontró a los aprehendidos culpables de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, por lo que recibieron sentencias de 25 años de prisión y 350 días de multa.
De acuerdo con las indagatorias de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), los efectivos castrenses proporcionaban información militar estratégica e incluso protección a los narcotraficantes Alfredo Beltrán Leyva y Armando Encinas Corral.
Estas sentencias se suman a las dictadas el 19 de octubre pasado en contra de otros cuatro efectivos del Ejército mexicano, quienes colaboraban con los Beltrán Leyva cuando éstos aún formaban parte de la organización delictiva del cártel de Sinaloa.
El capitán segundo de Infantería José Manuel Reyes Flores, y los tenientes de Caballería Ricardo Santos Vázquez, Jaime Guatemala Niño y Francisco Jiménez García, recibieron sentencias de 29 años de prisión.
En ese caso, se comprobó que los militares fungían como “halcones” de los referidos narcotraficantes, advirtiéndoles del movimiento de tropas tanto en el noroeste como en el centro del país.
Autoridades de la PGR informaron, además, que antes de que concluya el año, la SIEDO podría obtener sentencias similares para siete elementos castrenses más que continúan bajo proceso, exactamente por los mismos delitos que todos los que ya fueron sentenciados.
Los involucrados son el capitán segundo de Arma Blindada, Fernando Morales Sánchez, y los tenientes de Arma Blindada Jorge Mauricio Loza Monroy, Julián Hernández Hernández y Gilberto Martínez Sánchez.
También se procedió en contra del teniente de Infantería Víctor Flores Vaquero, y los sargentos de Arma Blindada Israel Sánchez Segundo y Filemón Jiménez Morales.
La SIEDO ha concluido que en la mayoría de estos casos, la colaboración de los militares se dio entre los años 2007 y 2008, cuando la célula de los Beltrán Leyva aún colaboraba con el cártel de Sinaloa liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, e Ismael Zambada García, El Mayo.
Por proporcionar la información de los operativos de las fuerzas federales, los militares recibieron pagos de aproximadamente 15 mil dólares mensuales.
En la PGR creen que la red de corrupción del cártel de Sinaloa, que alcanzó no sólo a las autoridades municipales y estatales, sino también a fuerzas federales, facilitó su fortalecimiento en distintos estados del país.