MADRID. La Casa Real española adoptó la decisión sin precedentes desde la entronización del rey Juan Carlos I en 1975 de apartar de los actos oficiales a uno de sus miembros, el duque de Palma, yerno del monarca, así como de hacer más transparentes sus cuentas.
Ambas decisiones, anunciadas ayer por el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, son consecuencia de un escándalo que crece como una bola de nieve desde que hace más de un mes se conociera que Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, está siendo investigado en relación a un gran caso de corrupción.
La polémica arrancó cuando el fiscal anticorrupción de la región de Baleares ordenó el registro en Barcelona de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos, una Fundación sin ánimo de lucro que Urdangarín creó y presidió entre 2004 y 2007.
A partir de ahí, los medios de comunicación españoles de todos los signos han ido desgranando un goteo continuo de datos sobre el sumario secreto de este caso, ilustrando cómo el duque, junto con su socio en el instituto Nóos, Diego Torres, ya imputado, presuntamente se enriquecieron con millones de euros de fondos públicos.
Si hasta ahora la Casa Real se había limitado a declarar su respeto por la investigación judicial, la dimensión del escándalo y la erosión que está provocando en la propia institución de la Corona llevó ayer a dar los nuevos pasos.
En un encuentro con periodistas, Spottorno apuntó, por primera vez, que el comportamiento del esposo de la infanta Cristina en relación a sus negocios “no parece ejemplar”, ante las “confusas y reiterativas”, pero “suficientemente ilustrativas”, filtraciones del sumario, aunque pidió respeto a su presunción de inocencia.
El jefe de la Casa del Rey anunció que Urdangarín dejará de participar en actividades oficiales de la Familia Real, pero lamentó el “juicio paralelo” abierto en la opinión pública contra alguien que no está aún imputado, aunque se da por hecho que lo será próximamente.
Spottorno también dijo que “ya se verá” si la infanta Cristina, hija menor del Rey, dejará de asistir a actos oficiales, pero juzgó razonable que los miembros de la Familia Real que cuentan con una actividad profesional propia disminuyan su participación.
Según se ha sabido a lo largo de estas semanas, la infanta Cristina es propietaria, junto con su esposo, de la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas de la presunta red tejida por Urdangarín.
Otra de las consecuencias de este caso es la promesa de que la Casa del Rey publicará en su web oficial, previsiblemente antes de fin de año, un desglose de sus cuentas en capítulos y subcapítulos como el resto de las administraciones públicas.
La transparencia en el empleo por parte del rey de la asignación anual de casi nueve millones de euros (11.8 millones de dólares) era reclamada desde hacía tiempo por algunas fuerzas políticas así como por amplios sectores de la sociedad, especialmente en el contexto de la grave crisis económica que vive España y el alto nivel de desempleo que afecta a casi cinco millones de personas.
Precisamente, la crisis económica será el centro del mensaje de Navidad que don Juan Carlos dirigirá a los españoles un año más, y las escandalosas revelaciones sobre los negocios del duque exigían, según todos los observadores, una toma de posición del rey.
La última encuesta del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró una caída en la popularidad de la Monarquía, algo que Spottorno negó ayer que tenga relación con el caso Urdangarín.
Entretanto, el antiguo jugador de balonmano que se casó con la infanta Cristina en 1997 y con la que tiene cuatro hijos, lamentó el pasado fin de semana el “grave perjuicio” que se está causando a la Casa Real, a la que desvinculó completamente de sus actividades privadas.
La pareja se trasladó de Barcelona a la capital estadunidense en 2009, cuando el duque de Palma fue nombrado delegado de la compañía Telefónica, un traslado que en su momento ya dio que hablar y que se interpretó como un alejamiento estratégico. EFE