Un monto de 3 mil millones 231 mil pesos asignados por los diputados al rubro de Apoyos y Donativos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 serán enviados a los estados sin que exista fiscalización sobre el destino de éstos.
Un análisis realizado por Alberto Serdán, especialista en políticas sociales y director de Alianza ciudadana por la educación, muestra que los proyectos agregados por el Legislativo en la discusión del presupuesto no forman parte de ningún plan nacional y por lo tanto son entregados a las entidades federativas, lo que abre la posibilidad de usarlos en elecciones o las actividades que decida cada gobernador.
“Una debilidad de la fiscalización estatal, la ausencia de la Federación para controlar la utilización de recursos, una falta de reglas de operación que digan que tienen que entregar un avance de lo que se lleva, y una opacidad que es endémica en todos los estados de la República, hacen suponer que todos estos recursos corren el riesgo de ser desviados para campañas electorales”, asegura.
Las ampliaciones en el Presupuesto de Egresos 2012 se asignaron a proyectos que usan intensivamente materiales de construcción como varillas y ladrillos, que no sólo son muy difíciles de fiscalizar sino que pueden usarse en prácticas clientelares, esto es, materiales de cambio de votos.
“El presupuesto enviado por el Ejecutivo no presenta nada de recursos para estos proyectos, no están etiquetados, justo se espera que los diputados a la hora de la negociación presupuestaria empujen los proyectos que su gobernador les pide”.
“Equipamiento de la casa de la música” en Campeche; “15 años sigue la música” en Tijuana; “Crecimiento de la camerata de Coahuila a orquesta sinfónica” en Coahuila, y la lista sigue en más de un centenar de proyectos añadidos en el anexo 32.11 que no estaban etiquetados por el Ejecutivo.
Lo preocupante de estos proyectos es que no existe una justificación ni una priorización de éstos que permita identificar los más importantes ni el monto que habría de designarles, señala Serdán.
“No hay una política por parte del gobierno que le pidiera a los gobernadores de los estados sus proyectos. No hay algún documento que justifique proyecto por proyecto. Esto pasa con proyectos, culturales, carreteros y de remodelaciones, estamos hablando de una práctica en la que no se justifican los proyectos y que permita hacer una evaluación de la viabilidad e importancia. Y ante la falta de estos documentos, se corre el riesgo que tenga un mal uso de recursos”, explica el experto.