La Cámara de Diputados envío al Senado una propuesta para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), a fin de que las empresas que venden electrodomésticos o equipos de cómputo desarrollen programas de reuso y reciclaje una vez que la gente los desecha.

 

Con esta propuesta se busca evitar que lleguen a los basureros a cielo abierto más de 400 mil toneladas de basura al año, explicó el diputado Rodrigo Pérez Alonso, uno de los promotores de la iniciativa. De estos desperdicios sólo 5% se recicla.

 

La propuesta enviada al Senado considera un marco jurídico especial para tratar los residuos electrónicos promoviendo su mejor clasificación, reciclado, reuso, disposición final y valorización, con el fin de generar un manejo conveniente de los componentes de metales valiosos, y de los elementos peligrosos que contienen como el cadmio, mercurio y plomo, que si están a cielo abierto generan contaminación.

 

Desde 2004, la LGPGIR consideró por primera vez el tema de los residuos electrónicos y de cómputo. Para 2006 se publicó un Reglamento para dicha Ley, que precisa y clasifica los residuos tecnológicos; desde entonces han surgido 18 reglas más en la materia, sin embargo, aún no se ha logrado que sus beneficios sean tangibles para la sociedad.

 

Con esta nueva propuesta, afirma el diputado, se busca tener finalmente un marco jurídico en la materia que establezca obligaciones y multas para las empresas que no cumplan con las disposiciones.

 

“A partir de la reglamentación y normatividad que se desprenderán de esta iniciativa podrán generarse las condiciones para crear un mercado alternativo de equipos funcionales de cómputo y telecomunicaciones que puedan ser aprovechados por comunidades que, de otra manera, no podrían tener acceso digital”, refirió Pérez Alonso.

 

Entre otras disposiciones, la iniciativa induce a que los proveedores de equipos entreguen al usuario bonos para garantizar los beneficios que incentiven el reemplazo de equipos y, en algunos casos, donen los aparatos que todavía sirvan a comunidades o escuelas de bajos recursos.

 

En el caso de las partes útiles separadas como pudieran ser los discos duros, se establece también la obligatoriedad de borrar la información que contienen para que la misma empresa que lo comercializa lo reintegre a un mercado de partes usadas.

 

En el caso de los materiales plásticos se obliga a su reciclado para la fabricación de ladrillos o cualquier otro tipo de materiales.

 

“La propia ley establece un mecanismo para que cada fabricante presente ante la Secretaría del Medio Ambiente su plan de manejo sobre los productos enumerados y en ese plan describa la reutilización y reciclaje, para que todos estos elementos que tienen un circuito que puede ser reciclado y extraídos para ser ingresados en otros procesos productivos dentro de la misma empresa o venderlos”, explica el legislador.

 

Por su parte, Saraí Moreno, responsable de Calidad de Glezco Corp, empresa regiomontana de reciclado con experiencia en equipos electrónicos y tarjetas madre, consideró que la iniciativa dará certidumbre sobre la disposición final de este tipo de residuos, ya que en el país existe “descuido y falta de responsabilidad de las empresas” para cumplir con la responsabilidad social que tiene con el medio ambiente.

 

La propuesta ya se analiza en comisiones en el Senado y se espera que en un mínimo de tres meses pase al pleno para su votación, aprobación y posterior publicación por parte del Ejecutivo.