Jacques Chirac, de 79 años, se convirtió hoy en el primer expresidente de Francia condenado por la justicia, después de que el Tribunal Correccional de París le sentenciara a dos años de cárcel, que no tendrá que cumplir, por los cargos de malversación de fondos, abuso de confianza y prevaricación.

 

Chirac, jefe del Estado francés, entre 1995 y 2007, fue condenado por un caso que se remonta a principios de los años noventa, sobre 19 de los 28 empleos ficticios que se crearon con intereses electorales en el Ayuntamiento de París, del que era alcalde.

 
El Tribunal, que dictó sentencia casi tres meses después de que la Fiscalía solicitase la absolución del expresidente y de los otros nueve imputados, consideró que las personas que ocupaban esos empleos remunerados con dinero público trabajaban en realidad para el partido de Chirac, el conservador RPR.

 

 

El expresidente no compareció ante el tribunal en el juicio que se desarrolló entre los días 5 y 23 del pasado mes de septiembre, pues acreditó problemas neurológicos “severos” e “irreversibles” pero, a través de sus abogados, declaró en el juicio no haber cometido “ninguna falta, ni penal ni moral”.

 
Sin embargo, el tribunal estimó que “Chirac violó el deber de la honestidad que pesa sobre los responsables de la gestión de fondos o bienes públicos a su cargo, contra el interés general de los parisinos”, malversando 1,4 millones de euros.

 
Su defensa, a cargo del abogado Georges Kiejman, no informó sobre si apelará la decisión del tribunal y avanzó a la prensa que tratarán primero el asunto “con el principal interesado”.

 
Además de Chirac, otras siete personas fueron condenadas en el mismo proceso, entre ellos Jean de Gaulle, nieto del general De Gaulle, y el exsecretario general del sindicato Fuerza Obrera (FO), Marc Blondel, y el resto fueron absueltos.

 

Se trata, en realidad de una sentencia relativa a la instrucción de dos sumarios.

 
El primero se refiere a 21 empleos ficticios, instruido por el Tribunal de París entre 1992 y 1995 durante el mandato de Chirac al frente de la alcaldía (1977-1995), justo antes de que accediera a la jefatura del Estado (1995-2007).

 
En el segundo sumario, instruido en el Tribunal de Nanterre, Chirac era el único acusado, después de que ya hubieran sido condenados varios dirigentes del que fuera su partido, incluido el que llegó a ser su primer ministro, Alain Juppé, y que actualmente desempeña el cargo de ministro de Exteriores.

 
En 2004, Juppé fue sentenciado a 14 meses de prisión exentos de cumplimiento y a una pena de inhabilitación durante un año por su implicación en la trama, cuando era secretario general del partido de Chirac.

 
El expresidente, que se enfrentaba a una pena máxima de diez años de cárcel y a una multa de 150.000 euros, había eludido la comparecencia ante los jueces en virtud de la inmunidad de que gozaba mientras estuvo al frente de la presidencia de Francia.

 
El proceso se desarrollo sin la participación de la principal acusación particular, el Ayuntamiento de París, que decidió retirarse del mismo tras alcanzar un acuerdo con Chirac y con el partido conservador UMP -Unión por un Movimiento Popular, heredero del RPR- por algo más de 2,2 millones de euros.

 
El tribunal tuvo en cuenta “la antigüedad de los hechos”, la “ausencia de enriquecimiento personal” y la “indemnización a la Alcaldía de París por parte de la UMP y de Jacques Chirac”, así como “la edad y el estado de salud del expresidente” y sus “eminentes responsabilidades” como jefe del Estado.

 
Las reacciones ante la sentencia no se han hecho esperar. El portavoz del Partido Socialista (PS), Benoît Hamon, señaló a la prensa local que la condena representa “un buen signo para la democracia francesa” ya que demuestra que “una justicia independiente puede pronunciar un veredicto contra un expresidente de la República”.

 

Por su parte, la exmagistrada Eva Joly y candidata ecologista a las elecciones presidenciales lamentó en un comunicado que el retraso de la sentencia tras un “verdadero maratón judicial”.

 
“Si Jacques Chirac hubiera sido juzgado en las mismas condiciones que el resto de los franceses, tras descubrirse los hechos, los ciudadanos tendrían hoy más confianza en la democracia”, agregó.

 
Se trata de un debate que ha calado en los medios de comunicación franceses, que analizaron hoy si sería conveniente cambiar el estatuto de inmunidad del presidente de la República francesa.