PHOENIX. Las autoridades federales dijeron ayer que la oficina del alguacil Joe Arpaio cometió una amplia gama de violaciones de los derechos civiles mediante el etiquetamiento racial de hispanos, reprimió la inmigración con base en denuncias racistas y castigó a presos hispanos por hablar español en la cárcel.
Un informe de las autoridades dice que continuarán las investigaciones de denuncias sobre agentes que emplean fuerza excesiva contra hispanos.
El informe es resultado de una investigación de tres años del Departamento de Justicia en medio de quejas de etiquetamiento racial y prejuicios.
Las conclusiones del Departamento de Justicia en la investigación civil es la refutación más severa del gobierno federal de una figura que ha cobrado notoriedad nacional por su represión a la inmigración.
Aparte de la investigación sobre derechos civiles, un jurado federal también ha investigado la oficina de Arpaio por denuncias de abuso de poder desde diciembre del 2009.
El informe sobre derechos civiles dice que las autoridades federales seguirán investigando denuncias de que los agentes de Arpaio utilizan fuerza excesiva contra los hispanos, si su actitud socava la confianza de la comunidad hispana, y si no investigó un gran número de delitos sexuales asignados a su departamento.
El informe reprende a la oficina del alguacil por lanzar redadas inmigratorias.
Thomas Perez, que dirige la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, escribió que las acciones de Arpaio contribuyeron a la “cultura prejuiciosa” de su oficina, y agregó que con frecuencia entregaba cartas con afirmaciones racistas a sus altos asistentes.
Perez dijo que existe una cultura de la inconstitucionalidad en la oficina de Arpaio. Añadió que según el especialista del departamento sobre encasillamiento racial, es el caso más notable encasillamiento en el país que él conozca o sobre el cual haya leído.
Los investigadores entrevistaron a más de 400 personas, incluido Arpaio, leyeron miles de documentos e inspeccionaron la cárcel municipal, añadió.
El informe requerirá que Arpaio establezca políticas antidiscriminatorias efectivas, mejore la instrucción del personal y haga otros cambios que serán observados por un juez. El alguacil enfrenta un plazo del 4 de enero para decir si quiere negociar un acuerdo. De no hacerlo, el gobierno federal lo demandará y dejará la decisión a manos de un juez.
La oficina del alguacil del Condado de Maricopa no respondió a las solicitudes de información.
Arpaio, que se publicita como el jefe de policía más enérgico de la nación, niega que sus agentes incurran en etiquetación racial y dice que actúan cuando tienen motivos para suponer que alguien ha cometido un delito, y que recién después descubren que algunos están ilegalmente en el país.
Ha ganado notoriedad por alojar a reclusos en carpas y darles ropa interior de color rosa, diciendo que es intolerante con el delito y llevando al límite lo que la policía puede hacer para enfrentar la inmigración ilegal.
El informe agrega que él y algunos altos asistentes han tratado de silenciar a personas que se han quejado de la actitud de Arpaio practicando arrestos sin causa, interponiendo demandas infundadas contra adversarios, e iniciando investigaciones de sus críticos.
Un ejemplo citado por el Departamento de Justicia es uno de sus altos asistentes, David Hendershott, quien presentó demandas contra abogados críticos de la agencia y contra jueces que no estaban de acuerdo con el alguacil. Todas esas demandas fueron desestimadas.