El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, sostuvo que el combate a la corrupción es una línea fundamental de acción del Poder Judicial, por lo cual consideró positivo que jueces y magistrados estén siendo auditados, pues “queremos independencia, pero no impunidad”.
A nombre de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el índice y la frecuencia de las auditorías a quienes son parte del Poder Judicial, se han incrementado, y eso los hace sentirse más tranquilos, porque sus labores se supervisan y esto ayuda en materia de disciplina, porque se implementan medidas preventivas para el correcto orden y desempeño.
Por ello se congratuló con el acuerdo firmado por el Consejo de la Judicatura y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que permite fiscalizar la situación financiera de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, y por la vigilancia de las contralorías internas sobre quienes ejercen recursos públicos.
“No toleraremos que por unos cuantos, se desprestigie el trabajo de todo el Poder Judicial… no toleraremos que se denigre el trabajo de los mexicanos honestos y limpios, que ponen en riesgo su vida, algunos ya la han perdido”, argumentó.
Silva Meza se pronunció por la protección de los jueces, pues dijo que los juzgadores están en riesgo. “Ellos exponen su vida y algunos ya han sido objeto de ataques, por el clima delicado y difícil que priva en materia de seguridad”, añadió.
Los juzgadores involucrados en atender casos en materia penal, dijo, “están corriendo riesgos… muchos han sido víctimas de la delincuencia, y ponen en riesgo sus vidas”, para hacer su labor.
Acompañado por el presidente Felipe Calderón, quien asistió a la sesión solemne del Poder Judicial, advirtió que “no vamos a aceptar consignas ni influencias que alteren el funcionamiento de los órganos que pretendan vulnerar la autonomía del juicio, con el que resuelve un juez”.
Dijo que se rechaza cualquier firma de injerencia o de presión que pueda lastimar o alterar su libertad de criterio.
Estableció que si bien conocen de la inseguridad que se vive en el país en carne propia, este poder no justificará ninguna acción que pase por alto el principio de protección a los derechos humanos, argumentando la situación de emergencia.
El ministro presidente de la Corte dijo que si bien entienden que esta instancia toma determinaciones que resultan polémicas, y están dispuestos a aceptar la crítica, no comparten el que las resoluciones de este poder se desacrediten, sin fundamentos.
Subrayó que aún no se cuenta con un nuevo Código de Procedimientos Penales, derivado de la reforma constitucional en esa materia, y que es necesario reformar además los 32 sistemas judiciales del país, para que se cuente con todo el engranaje que permita aplicar la Reforma Penal de este año.
Dinero a la Judicatura
Con relación al presupuesto que tendrá este poder para el año entrante, remarcó que de los 42 mil 500 millones que les corresponden, el mayor incremento, del 8.7%, es para el Consejo de la Judicatura, que tendrá recursos por 35 mil 500 millones de pesos, parte de los cuales destinará a la marcha de la reforma constitucional en materia penal, para que se aplique en recursos humanos y financieros, de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia.
En el informe no hubo un representante del Senado y por parte de la Cámara de Diputados, estuvo Jesús María Rodríguez Hernández, primer vicepresidente de la mesa directiva.
Entre los invitados estuvieron la procuradora general de la República, Marisela Morales; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, y la canciller Patricia Espinosa.