Con excepción del Distrito Federal, y recientemente de Oaxaca, las corporaciones policiales estatales y municipales en el país operan cotidianamente sin que cuenten con un marco legal que regule la forma en que deben intervenir en situación de crisis, como lo son las manifestaciones y bloqueos de vialidades e instalaciones.
En consecuencia, el uso de mecanismos de disuasión como los toletes, gases lacrimógenos e incluso armas de fuego, como sucedió el pasado 12 de diciembre durante la protesta de normalistas en Guerrero, queda sujeto únicamente a las determinaciones discrecionales de los mandos, quienes también ignoran que hay protocolos internacionales en la materia.
En entrevista con 24 HORAS, el ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y especialista en temas de seguridad, Gabriel Regino, apuntó que si bien la falta de normatividad en el uso de la fuerza no es un pretexto para que se actúe de la forma en que se hizo en Guerrero, sí puede contribuir a generar problemas de coordinación y actuación.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México hay 397 mil 664 policías estatales y municipales, los cuales tienen a su cargo las tareas primarias de seguridad ciudadana.
El Distrito Federal es la entidad con el mayor número de policías en el país, con un total de 93 mil 872 elementos. El 22 de abril del 2008, se publicó en la Gaceta Oficial la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos Policiales del DF, tras casi dos años de debates en la Asamblea Legislativa.
En Oaxaca, donde el estado de fuerza de 10 mil 520 agentes, el Congreso local aprobó el pasado 11 de agosto la denominada Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado.
Y es todo; los 293 mil 272 policías locales restantes en el país, entre ellos los 13 mil 748 de Guerrero, salen a las calles a enfrentar multitudes sin contar con un marco legal estatal que regule su actuación, ni cómo proceder en ese tipo de situaciones.
En el repliegue que se hizo con los normalistas de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el lunes pasado, hechos los que murieron dos de los manifestantes, Regino advirtió que se dejó en evidencia la falta de un protocolo a seguir, aunque subrayó que eso no justifica en ningún sentido lo ocurrido.
“En Guerrero como en la mayor parte del país, no existe una reglamentación local que mínimamente regule la actuación de las fuerzas policiales; no obstante, esto no quita agravantes a lo sucedido porque lo que sí hay, es un Código Penal Estatal que contempla delitos como el homicidio, el abuso de autoridad y el ejercicio ilegal del servicio público, que son los que se aprecian que se cometieron ahí”.
Los protocolos
A nivel internacional existen diversos códigos y protocolos, a los que México está sujeto, que regulan la forma correcta en que deben actuar las corporaciones de seguridad, y sobre todo aquellas encargadas de atender situaciones de conflictos sociales y manejo de crisis.
Regino destaca en particular dos que son fundamentales: los Principios Básicos de Conducta de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados por la ONU en 1990, así como el Protocolo para el Uso Reglamentario de la Fuerza de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Con distintos matices, estos códigos definen las fases generales que deben seguir las autoridades civiles y policiales, para atender a un grupo de protesta sin armas de fuego, el cual se manifiesta bloqueando vialidades o instalaciones.
Se contemplan, explica Regino, tres fases de diálogo, acompañadas por la llegada y aproximación de los cuerpos policiales, los cuales únicamente actúan para replegar la protesta, cuando se ha agotado la vía de la negociación verbal.
Los elementos disuasivos varían dependiendo del equipamiento con que cuente cada corporación, pero generalmente se centran en escudos antimotines, toletes, gases lacrimógenos, gases pimienta, o chorros de agua acompañados de algún químico de menor impacto.