Alberto López Rosas, ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en conferencia de prensa incriminó a la Policía Federal (PF) de haber disparado a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado lunes 12 de diciembre, a través de un vídeo de 45 minutos de duración.
En la videograbación se observa a los policías federales disparando en varias ocasiones y levantando casquillos percutidos.
Sin embargo, el gobierno de Ángel Aguirre emitió un comunicado en el que señala que “la única vía legítima para calificar y desahogar pruebas es la judicial”.
“Las consideraciones y declaraciones realizadas son a título personal. Se trata pues de opiniones respetables que tendrán que ventilarse en su caso y en su momento en las instancias correspondientes”, dice el documento y agrega: “sabedores de que la única vía legítima para calificar y desahogar pruebas es la judicial”.
El ex funcionario detalló que según los primeros resultados de la prueba de criminalística, las balas del arma de fuego que propiciaron la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa corresponden a una pistola G3, uso exclusio de la PF, aunque dijo que en los cuerpos de los estudiantes asesinados no se encontraron las balas.
Indicó que los policías del estado ni los ministeriales dispararon en contra de los normalistas, ya que los elementos federales fueron los que pidieron refuerzos, por lo que pidió que los once elementos estatales y ministeriales arraigados por la Procuraduría General de la República sean liberados y que la investigación del caso sea efectuada con imparcialidad.
López Rosas subrayó que según los primeros resultados de la prueba de criminalística, las balas del arma de fuego que propiciaron la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa corresponden a una pistola G3, uso exclusio de la PF, aunque dijo que en los cuerpos de los estudiantes asesinados no se encontraron las balas.
Detalló que los policías del estado ni los ministeriales dispararon en contra de los normalistas, ya que los elementos federales fueron los que pidieron refuerzos, por lo que pidió que los once elementos estatales y ministeriales arraigados por la Procuraduría General de la República sean liberados y que la investigación del caso sea efectuada con imparcialidad.
En suma a esto, aseguró que un grupo de personas con señalamientos y comentarios intentan desestabilizar el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Este último explicó que el titular del Ejecutivo Estatal le pidió que se separara de su cargo temporalmente, mientras se esclarecía el caso.
Se esperaba la asistencia del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado Ramón Almonte Borja, sin embargo, jamás llegó al encuentro.