El último trabajo del cabo primero de Infantería de Marina, José Borges, fue como escolta. De eso hace tres semanas. Cobró mil 500 pesos diarios por cuatro jornadas de en las que no iba armado ni contaba con chaleco antibalas y mucho menos con algún documento que amparara su situación jurídica en caso de una emergencia que lo obligara a actuar.
El cabo de Sanidad José Manuel Valentín vive algo parecido, aunque los cuatro años de carrera –trunca- en la Escuela Médico Militar le sirvieron para encontrar empleo temporal como maestro de enfermería en una escuela particular. Así se gana la vida mientras el proceso militar en su contra sigue adelante.
Pintor de casas, encargado de negocios personales, gestor de trámites a sueldo son algunas de las chambas que el capitán segundo de Materiales de Guerra, Manuel Contreras Maqueda, ha hecho para sobrevivir por su cuenta en la ciudad de México y en Querétaro.
En el 2008 fue acusado de robar cartuchos y cargadores para armas cortas en el almacén de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos. Los robos ocurrieron en el lapso de los 23 días en los que él estuvo comisionado en la base militar de Temamatla, en el Estado de México, por órdenes superiores. El inicio del procedimiento judicial militar en su contra lo tiene en una total indefensión económica, como ocurre con el marino Borges y el cabo Valentín.
Esto es desmoralizante, no sólo porque te acusan de cosas que no investigan y que no pueden comprobar, sino porque las familias se deshacen, vienen los divorcios, no ves a tus hijos, tienen que dejar la escuela; en realidad te quedas sin trabajo, sin forma de sobrevivir y lo peor es el estigma que te causa, porque la gente de donde vives, hasta los amigos, te etiquetan, te miran de otra forma o de plano ya no te hablan, te van excluyendo, relatan los tres militares mientras muestran documentos en los que consta parte de las indagatorias en su contra en las que existe un común denominador: la presunción de inocencia como la gran ausente en los criterios de los juzgadores militares.
Además, recuerdan, uno está a disposición de la secretaría y si deciden enviarte a Tamaulipas o a Chihuahua o a Sinaloa o a Veracruz o a Guerrero, donde está el narco, lo puede hacer cuando quieran, a medio proceso judicial.
Me decían El patriota
Al maestre Borges se le acusa de un supuesto acto de insubordinación en contra de un superior al que habría injuriado y amenazado estando ebrio. Esto ocurrió el 24 de septiembre de 2009. El marino era trasladado de un bar de la zona de tolerancia de Salina Cruz, Oaxaca, hacia la base de la 12 Zona Naval. Borges fue detenido por un capitán de la Armada acompañado por un escolta y llevado a la comandancia. Estaba de civil y gozaba de su franquicia aquella noche.
La acusación en su contra se hizo formal hasta el 4 de mayo de 2010. Reconoce que tenía tercer grado de alcoholemia y que en esas condiciones se está en la delgada línea de la inconciencia, en donde es difícil recordar lo que se hace. Pese a ello insiste en que el castigo en su contra es excesivo: dos años de prisión, la destitución y la inhabilitación para desempeñarse de nuevo en la Marina.
Además, durante el proceso aportó pruebas y testigos para demostrar que nunca injurió a su superior y tampoco lo amenazó de muerte. Aun así, fue sentenciado a dos años de prisión “por una falta que en los oficiales se castiga con ocho o diez días de arresto, no con prisión; además, yo estaba franco, no en servicio y podía ir a donde quisiera, no estaba a las órdenes de ningún mando ni cumpliendo encomiendas o algo de civil, estaba franco, en mi día libre, no tenían por qué haberme ido a detener ni mucho menos fincarme proceso,” dice.
Borges fue sentenciado en Consejo de Guerra Ordinario a dos años de prisión.
El cabo de Sanidad José Manuel Ramírez, el más joven de todos, ingresó a la Escuela Médico Militar (EMM) el 1 de septiembre de 2005. Duró cuatro años en el plantel (la carrera de Médico Militar tiene una duración de seis años). Fue dado de baja por no acreditar el examen de Educación Física, pese a haber pasado todos los demás con buena calificación. Pudo haber reingresado en septiembre de 2009, pero el 5 de junio de ese año fue detenido por la Policía Judicial Militar (PJM) por haberse despojado de las insignias que llevaba el día en que le notificaron la baja de la EMM.
El Ministerio Público Militar lo acusó de haberse despojado de insignias, las cuales sólo pueden ser portadas por elementos con el grado de cabo en adelante y él era cadete de primera al momento de ser dado de baja. Los cadetes, según los reglamentos miliares, sólo llevan distinciones, no insignias.
El hoy cabo de Sanidad logró defenderse de la primera acusación siendo su propio abogado ante instancias militares. De ojos grandes y expresivos, José Manuel vuelve a encenderse cuando recuerda su encuentro con los médicos militares de la Junta Técnico Consultiva de la EMM que le notificaron la baja. El 8 de enero de 2010, mediante amparos indirectos, quedó absuelto de esas acusaciones.
José Manuel se inclina sobre la mesa, sus ojos se humedecen y eleva el tono de voz. Vehemente, recuerda que en la EMM le decían El patriota. “¿Por algo habrá sido, no?”. Dos meses después de quedar libre de las acusaciones por despojo de insignias, se le acusa del delito de falsificación de una credencial y de una firma para acceder a diversas instalaciones de la EMM.
La credencial la recibió con sus compañeros de generación en el 2007, peros asegura que nunca a nadie se le dio a firmar algún documento que avalara la entrega de esa identificación. Tampoco existen copias de esas credenciales en los archivos de la EMM, dice.
“No tienen forma de demostrarme las cosas de las que me acusan. No me arrepiento de haber dejado mis estudios de Veracruz y venirme acá a México para estudiar en el Ejército, porque tengo la vocación y los conocimientos pero no es justo lo que hicieron conmigo, la manera en que han manejado la justicia militar en mi caso”, dice casi a voz en pecho el cabo Ramírez Valentín.
“Yo lo que quiero es que me regresen mi carrera, la posibilidad de estudiar y ser Médico Militar, nada más”.
Robo hormiga
El proceso penal que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) tiene en su contra por el presunto robo de más de 10 mil cartuchos útiles en el almacén de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos, lo dejó prácticamente sin sueldo para vivir, con el núcleo familiar destruido y casi a salto de mata para llevar él solo su caso ante la Justicia Militar.
De los 20 mil pesos que ganaba quincenalmente como oficial encargado del almacén de armas y cartuchos, ahora percibe poco menos de mil 500 pesos. No le alcanza sino para comer, moverse en la ciudad y pagar papelería, fotocopias y costes del juicio en su contra en el que es su propio defensor y en el que por lo menos, dese 2008, se mantiene el libertad por haber pagado 15 mil pesos de fianza para no quedarse en la prisión miliar.
Al capitán lo acusó el general Leopoldo Díaz Pérez, entonces comandante de la 24 Zona Militar (removido tras el escándalo por la tortura y muerte de Jethro Ramsés Sánchez Santana, en mayo de este año) en la que el capitán era el encargado del almacén de Materiales de Guerra del Ejército.
Recuerda que a su llegada a la zona, el general comenzó a cambiarlo todo, desde el mobiliario hasta el personal que ya tenía tiempo allí y conocía los controles y el manejo del sitio. Cuando el general lo comisionó a Temamatla, el capitán le dijo que era necesario que alguien de probada confianza se hiciera cargo del almacén, en donde había al menos siete mil armas cortas y largas y decenas de miles de cartuchos, fornituras, granadas y objetos asegurados a la delincuencia organizada.
Por escrito le solicitó al general que designara a alguien para hacerse cargo durante su ausencia por comisión. No hubo respuesta. El capitán se llevó las llaves del almacén pero dejó copia a los mandos que habían llegado con el general Díaz Pérez. Fue cuestión de días para que el robo hormiga de armas y cartuchos ocurriera.
Cuando terminó su comisión, el capitán Contreras se presentó a la 24 Zona Militar en donde le dijeron que él era el responsable del robo de más de 10 mil cartuchos útiles y cientos de cargadores para armas cortas. Nunca hubo investigación real, a fondo, sobre la desaparición del material.
El Ministerio Público Militar nunca indagó el banco de datos de las videocámaras instaladas adentro y afuera del almacén; no hubo investigaciones sobre quiénes operaron en esos días los sensores de movimiento y los tres controles físicos de acceso al lugar. Nadie declaró sobre estos detalles.
El capitán Contreras ha tenido que defenderse solo. Ya perdió un amparo indirecto y va por la última instancia para tratar de librar una pena de hasta siete años de prisión por un delito que jura no cometió y que se ha traducido en un caso más de robo y tráfico de armas y cartuchos desde el interior de la Sedena, tema que la institución siempre ha rehuido o negado.
Estos tres militares siguen libres porque han pagado fianzas mientras se resuelven de fondo sus casos. Dejaron de percibir el 90% de su salario. No tienen prestaciones. Ya no tienen familia. Viven cerca de las instalaciones militares a las que acuden a firmar y a no hacer nada entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde.
Fracturas
Sus hijos e hijas están en otra parte. Sus esposas y compañeras no pueden vivir de esperanzas. El cabo de Sanidad es soltero. Vive solo y sólo así logra ajustar sus gastos. El capitán del Ejército y el primer maestre de la Marina duermen por temporadas con familiares y amigos. De ellos reciben tips sobre empleos temporales y algún dinero para moverse por la ciudad comer en la calle.
Los tres, al igual que unos 200 militares y marinos en situación similar –algunos en libertad y otros en confinamiento por no tener para una fianza–, exigen reformas a la justicia militar para que sus leyes y estructura dejen de borrar de un plumazo la presunción de inocencia y les permitan seguir percibiendo un sueldo durante el periodo de instrucción y durante el proceso en su contra.
No nos pueden declarar o tratar como culpables de algo si ni siquiera existe una sentencia definitiva en contra; no es justo que nos quiten lo que hemos ganado y que todo esto termine por quebrar a nuestras familias, agregan.
Junto con la revisión de sus casos, los militares piden que legisladores y dirigentes de grupos de derechos humanos, especialistas en Derecho Militar y funcionarios federales comiencen a reformar a la Justicia Militar para evitar abusos, inconformidades crecientes, deserciones, la fractura del núcleo familiar y la posibilidad de que muchos militares se sumen a las filas de la delincuencia ante la poca o nula atención a estos problemas.
La Sedena cuenta con tres prisiones en el país (Campo Militar Número Uno; La Mojonera, Jalisco, y Mazatlán, Sinaloa), en las que hay alrededor de 2 mil internos.
Los militares bajo proceso en libertad calculan que cada mes la Sedena deja de pagarles cerca de 15 millones de pesos por concepto de haberes (sueldos) a los que ya no tienen derecho por estar acusados y bajo investigación, es decir, siendo presuntos culpables, sin haber sido juzgados, sin haber agotado todas las instancias jurídicas y procesales y sin haber recibido sentencia.
De ese dinero nadie sabe nada. La Sedena no informa qué se hace con él. Si los militares y marinos llegan a ser declarados inocentes, su siguiente batalla es para que la institución les regrese los haberes retenidos. Toda una odisea sin fin.