Una comisión investigadora del Congreso, varias auditorías internas en secretarías y agencias de seguridad de Estados Unidos, comparecencias y reconocimientos públicos del procurador, agentes de seguridad y el Departamento de Justicia, además del reconocimiento público del “error” por parte del presidente Barack Obama, es algo de lo que dejó este año el escándalo político y diplomático desatado por el operativo “Rápido y Furioso”, que introdujo armas de manera ilegal a México procedentes del gobierno estadounidense.
Mientras allá en Washington ocurría todo eso, en México, el país que fue víctima y afectado con ese operativo, que introdujo más de 2 mil armas de alto poder a territorio mexicano que luego terminaron en manos de la delincuencia organizada, prácticamente no pasó nada. El que haya sido violentada la soberanía, las fronteras y que un gobierno de otro país haya armado -consciente o inconscientemente- a mexicanos que actúan en la ilegalidad, fue algo que no mereció del gobierno ni de otros poderes mexicanos, como el Congreso o la Suprema Corte, algo más que declaraciones de condena y tibios discursos de rechazo a injerencista y violento operativo de Estados Unidos.
¿Dónde estuvo la canciller Patricia Espinosa en todo este bochornoso incidente en el que se indignaron más e investigaron más y castigaron con más rigor a funcionarios en el país agresor que en la nación ofendida? No hubo siquiera una investigación formal del gobierno, mucho menos una acción diplomática enérgica, una protesta oficial ya sea los organismos bilaterales o en organizaciones multilaterales. La diplomacia mexicana, o lo que queda de ella, prácticamente brillo por su ausencia en tan delicado caso.
Allá Barack Obama se refirió en varias ocasiones al fallido operativo y habló de errores y consecuencias en su administración; acá el presidente Calderón si acaso se refirió en un par de discursos al hecho y sólo para hacer condenas verbales que nunca fueron acompañados de una acción más decidida para exigir el esclarecimiento de envío de armas o castigo a los responsables.
Esas armas, cuyo registro y pista perdieron las agendas estadounidenses que las enviaron intencionalmente a México, es fácil deducir que terminaron en la mayoría de los casos en manos de delincuente y narcotraficantes; y no es difícil pensar que con esas mismas armas que salieron de Washington, enviadas por el gobierno que se dice aliado nuestro en la guerra contra el crimen, murieron muchos mexicanos asesinados violentamente en diversas regiones del país en los últimos años.
No sólo el gobierno de Felipe Calderón actuó con tibieza e indiferencia ante un caso escandaloso de intromisión y violación de las leyes y la soberanía mexicanas, también el Congreso mexicano, que para efectos prácticos, apenas citó un par de ocasiones a la canciller Espinosa para exigirle explicaciones, pero nunca encabezó una acción más fuerte para reivindicar las violaciones a la Constitución cometidas por las agencias estadunidenses.
Lo mismo podría decirse de la Suprema Corte de Justicia que, si bien no tiene facultades formales para intervenir en asuntos de política exterior, podría a menos haberse pronunciado sobre las violaciones constitucionales cometidas con el “Rápido y Furioso”, puesto que con ese operativo se pisoteo la Carta Magna y no hubo siquiera respuesta de los poderes mexicanos.
Ahí quedara en la memoria histórica de este 2011 este caso y la vergonzosa y nula respuesta de las autoridades mexicanas, que en este como en muchos otros asuntos exteriores o domésticos, se confirmaron lentos y pasmosos.