En la elección federal de este año los partidos políticos postularán candidatos a la Presidencia de la República, a 128 senadores y 500 diputados. La mecánica de la elección será responsabilidad del IFE y los partidos políticos serán responsables de presentar candidatos competitivos que representen los intereses de la mayoría de su distrito, o en su caso que tengan un peso dentro de su partido, ya que en caso de no hacerlo perderán la elección y recursos financieros para la próxima contienda. El Tribunal Federal Electoral deberá resolver las controversias derivadas de este proceso y los ciudadanos deberán participar en el proceso democrático, si quieren que su voz y sus preferencias sean escuchadas por las próximas autoridades.

 

Ninguno de estos actores tiene la responsabilidad ni la obligación de perseguir criminales, nadie tiene estas facultades y no son funciones que estén dentro de su competencia. A su vez, los actores deben tener la plena confianza y garantía de poder participar en actos y manifestaciones políticas, sin miedo a ser amedrentados, amenazados o sufrir actos de violencia.

 

La responsabilidad y obligación para detener al crimen organizado y blindar el proceso electoral es del Poder Ejecutivo. Es dentro de sus facultades de procurar justicia, perseguir a los delincuentes y garantizar la gobernabilidad del país, donde la administración del presidente Calderón tiene que enfocar sus esfuerzos.

 

A nivel local, y bajo la responsabilidad de los institutos electorales locales respectivos, se llevarán a cabo elecciones en 15 estados para la designación de seis gobernadores, un Jefe de Gobierno del Distrito Federal, autoridades en 871 ayuntamientos, 16 jefes delegacionales y 579 diputados locales, así como a sus suplentes. De los gobernantes de estas entidades y en coordinación con el Gobierno Federal, se deberá salvaguardar la gobernabilidad de los procesos electorales.

 

Hemos visto cómo el crimen organizado ha asesinado a candidatos, como fue el caso en Tamaulipas (que aún sigue sin resolverse), su participación violenta en campañas políticas en Michoacán, donde el mismo presidente denunció los hechos pero como en otros casos no se han presentado pruebas ni responsables ante la justicia.

 

La administración calderonista ha demostrado ser incapaz en ofrecer protección a las autoridades políticas del país, con un récord de 36 presidentes municipales asesinados en cinco años de gestión y ninguno de estos casos resueltos. Para poner en perspectiva este número, cabe recordar que ETA a lo largo de sus 52 años de lucha armada asesinó a cinco autoridades y perpetró atentados donde 829 víctimas perdieron la vida. Estas cifras son menores a la violencia ocurrida en el país el año pasado en la mal llamada “guerra contra el narco”.

 

La responsabilidad y tarea es grande, y no es un escenario remoto, ni de baja probabilidad donde se efectúen actos de violencia en las campañas políticas. Un acto lamentable en el proceso electoral podría tener consecuencias graves en la vida social y económica del país, a pesar del fuerte marco institucional que tenemos. Pero el único responsable es el Poder Ejecutivo, ya que es el garante de la seguridad, la libertad de expresión, el libre tránsito y libertad de asociación. El presidente Calderón debería enfocar sus esfuerzos a proveer estas garantías, en lugar de participar en las elecciones como un actor político más. Antes la historia juzgaba las omisiones de los líderes, pero ahora vemos cómo los tribunales internacionales se encargan de juzgar a los líderes que rehúyen sus responsabilidades.

 

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