BUDAPEST. Con el endurecimiento de la crisis económica y la reciente entrada en vigor de la nueva Constitución, tachada de antidemocrática dentro y fuera de Hungría, la sociedad civil magiar está saliendo de la apatía y los críticos del polémico primer ministro, Viktor Orbán, empiezan a organizarse.
Una clara señal del descontento social fue la gran manifestación de anoche en contra de la nueva Constitución a la que acudieron unas cien mil personas en el centro de Budapest, justo cuando el Gobierno celebraba la entrada en vigor de la Carta Magna.
El analista independiente Gábor Török destacó que el inesperado alto número de asistentes a la protesta constituye todo un cambio político para este país excomunista.
“La concentración de decenas de miles de manifestantes significa una nueva calidad en la competición política” en Hungría, escribió Török en su blog personal, donde publica un análisis diario sobre la situación política del país.
Esta expresión masiva de descontento social contrasta con los datos de una reciente encuesta que indicaba que menos de la mitad de los húngaros pensaba en participar en futuras elecciones.
“Hay que diluir la apatía de la gente”, señaló, por su parte Gergely Karácsony, destacado miembro de la directiva del partido ecologista LMP, uno de los organizadores de la gran manifestación de anoche.
Un primer paso necesario es que la oposición, muy dividida y debilitada desde la elecciones parlamentarias de 2010, se coordine en su rechazo a las políticas de Orbán.
La popularidad del conservador partido gobernante Fidesz ha caído sustancialmente desde los comicios de 2010, cuando un 52 por ciento de los votos le dio una mayoría de dos tercios en el Parlamento.
Según muchos analistas locales, lo llamativo de la gran manifestación de anoche es precisamente que fue convocada por los partidos opositores y decenas de organizaciones civiles, cuyo “denominador mínimo” es derrocar al Gobierno del Fidesz.
Pero la cooperación entre los opositores no es sencilla, ya que el LMP ha criticado en el pasado duramente las políticas del anterior Ejecutivo, liderado por los ahora opositores socialistas y la nueva Coalición Democrática, fundada el año pasado por el ex primer ministro socialista Ferenc Gyurcsány.
La situación financiera del país, que en los años 90 fue “modélico” en su transición económica tras la caída del comunismo, es calamitosa y roza la bancarrota si no consigue refinanciar este año casi 5 mil millones de euros en deuda pública.
Más de un millón de hogares húngaros se han endeudado en divisas extranjeras (euros y francos suizos) para financiar la compra de viviendas, lo que ante la consistente depreciación de la moneda nacional (el forinto) está aumentando la morosidad.
Las medidas de Orbán contra la crisis incluyen no sólo la nacionalización de los fondos de las pensiones privadas, sino también una subida del IVA (pasará del 25 al 27 por ciento), mientras que en el sector público se congelarán los salarios.
En diciembre pasado, el primer ministro anunció que Hungría iba a iniciar en enero las conversaciones con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un préstamo de entre 15 mil y 20 mil millones de euros para evitar la bancarrota.
Sin embargo, tanto el FMI como la UE son reticentes a conceder ayudas, ya que ven en peligro algunos pilares de la democracia húngara, especialmente en cuanto a la independencia del Banco Central, los poderes de la justicia y la libertad de prensa.
Un portavoz comunitario dijo en Bruselas que la Comisión no planea volver a Budapest para retomar las conversaciones sobre la ayuda económica solicitada hasta que reciba del Gobierno de Orbán garantías para asegurar la libertad del banco emisor magiar.
La principal crítica a la nueva Constitución de Hungría, que entró en vigor el pasado día uno, es que restringe la separación de poderes, al politizar la judicatura y limitar la independencia y competencias del Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado, especialmente del Banco Central. Marcelo Nagy/EFE