Permitir las aportaciones de militantes, simpatizantes y financiamiento privado pone en riesgo las elecciones presidenciales de 2012, debido a que podrían ser contaminadas con dinero ilícito, advirtió la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).

 

Según Ramón García Gibson, el financiamiento privado a las campañas políticas representa un grave riesgo, el cual requiere de una mayor atención para evitar que las campañas políticas sean invadidas por “dinero sucio, ya sea procedente del narcotráfico, corrupción o cualquier otro tipo de delito”.

 

Por ello, “es prudente que México adopte algunas medidas que en Colombia se han impuesto para evitar que las elecciones políticas sean contaminadas con recursos provenientes del narco y la corrupción”.

 

De momento, indica, se necesita la firma de convenios entre los representantes de los partidos políticos y los bancos e instituciones financieras para que se fijen reglas sobre los montos y justificación de los depósitos a usar en las campañas electorales.

 

“En el momento que los acuerdos no se cumplan, se cancelan las cuentas y se deben reportar a las autoridades competentes como una operación inusual”.

 

Recordó que si bien el mayor financiamiento de los partidos políticos tiene su origen en recursos del Estado, entregados a través del Instituto Federal Electoral (IFE), también están autorizados a recibir aportaciones privadas que son un “grave riesgo”.

 

Además, el dirigente envió un extrañamiento en torno a que la iniciativa de Ley Federal para Detectar e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), “duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, no se incluyan dentro de las actividades vulnerables sujetas a identificación y reporte de operaciones inusuales el financiamiento de campañas políticas”.

 

Será muy lamentable que después de tanta lucha por parte de la actual administración contra la delincuencia organizada, que ha costado la vida de muchas personas, se tenga en el país representantes de elección popular en los distintos niveles de gobierno que sus campañas políticas hayan sido financiadas por la delincuencia organizada, agregó.