El juez segundo de Distrito concedió amparo al ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y a José Antonio Aguilar Bodegas, ex funcionario estatal.

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se pronunció en contra de las resoluciones emitidas por el juez, y rechazó los criterios que emitió en los amparos.

 

Salazar Mendiguchía es acusado por la muerte de bebés del Hospital General de Comitán de Domínguez, y Aguilar Bodegas por el delito de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

La PGJE señaló que “dicha autoridad no valoró todas y cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, y agregó que “existe una serie de vicios jurídicos en ambas resoluciones, mismas que ya son analizadas para interponer los recursos que la ley permite”.

 

Puntualizó que en el caso de la muerte de los bebés, la autoridad judicial acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del ex gobernador, pues por no haber destinado recursos al Hospital General de Comitán de Domínguez trajo como consecuencia el fallecimiento de Alejandro y Gerardo Morales Alfaro.

 

Además, abundó, “el propio juez consideró que existen en los autos las pruebas de que el procesado propició la falta de recursos para atender las necesidades del hospital”.

 

Es decir, sostuvo, que “el juez confirma que efectivamente existen los elementos probatorios de la responsabilidad del entonces gobernador del estado en la muerte de los bebés”.

 

Por lo tanto, la PGJE rechazó la posición del juez “al tratar de desvirtuar las investigaciones y pretender reclasificar el delito, pasando de homicidio de comisión por omisión a homicidio culposo, este último con menor penalidad, lo que le permitiría a Salazar alcanzar su libertad”.

 

Asimismo, recordó que en su momento presentó las pruebas que confirman que a la muerte de los gemelos Morales Alfaro ya habrían fallecido 22 menores más, por lo que Salazar Mendiguchía “ya conocía los efectos de su falta de apoyo a ese nosocomio”.

 

En el marco de las investigaciones, sobresale la declaración ministerial del ex director del hospital, Raúl Belmonte Martínez, quien anotó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados.

 

Por otra parte, continuó, el juez segundo de Distrito no valoró la declaración ministerial del ex fiscal general del estado, Mariano Herrán Salvatti.

 

El ex fiscal dijo que recibió órdenes de Salazar Mendiguchía para archivar y decretar el no ejercicio de la acción penal en las más de 20 averiguaciones previas iniciadas por las muertes de los bebés.

 

Una más de las anomalías en el actuar del juez, afirmó la PGJE, se registró al momento de la notificación del juicio de amparo al tercero interesado, en este caso al padre de los bebés, José Antonio Morales López.

 

“La actuaria notificó un acuerdo inexistente, pero lo más grave es que la funcionaria pública afirmó haber mantenido comunicación con el propio padre de las víctimas, asentando en autos de manera textual que ‘manifestó que oye y recibe las copias de la presente notificación’, apuntó.

 

Esa situación no corresponde a la realidad de los hechos, toda vez que Morales López es sordomudo y requiere de un intérprete, como quedó demostrado en el expediente penal que obra en el Juzgado Segundo de Distrito, abundó.

 

Refirió que lo anterior se suma a la celeridad en la resolución de esa solicitud de amparo, toda vez que en un mismo día el juez resolvió los dos amparos a favor de Pablo Salazar Mendiguchía y José Antonio Aguilar Bodegas, expedientes que suman más de 50 mil fojas útiles.

 

En el caso particular del amparo concedido a Aguilar Bodegas, se resolvió en un plazo de 27 días hábiles, entre el 28 de noviembre y el 3 de enero, lamentó, entre otras consideraciones con las que expuso estar en desacuerdo.