El organismo de mayor reconocimiento internacional en materia de lavado de dinero advirtió que las campañas electorales en México se encuentran en inminente riesgo de ser contaminadas por los recursos económicos de la delincuencia organizada, debido a la falta de mecanismos preventivos y a una legislación inexistente.
En entrevista con 24 HORAS, el copresidente del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés), Ramón García Gibson, consideró “urgente” que el país adopte un modelo similar al colombiano, que impida que los criminales no sólo reaprovechen sus millonarios recursos, sino que además manipulen a candidatos en su beneficio.
¿Qué tan grandes son esos recursos del crimen organizado?
El problema realmente es importante y lo sabemos pese a que no hay cifras concretas de cuanto dinero en sí se lava, pero el tema es que sí hay datos del dinero que procede de la venta de la droga en Estados Unidos, donde las estimaciones son de 40 mil millones de dólares anuales. Hay motivos para pensar que gran parte de esa cantidad vuelve a México.
¿Es factible que esos recursos se utilicen para financiar una campaña?
Yo veo un riesgo muy importante pues si bien hay un financiamiento público que es el del Instituto Federal Electoral (IFE) y tiene un tope, está la posibilidad de que exista un financiamiento privado y es ahí donde existe la ventana de riesgo o la vulnerabilidad para que ingrese el dinero de procedencia ilícita.
¿Qué tendría que hacerse para que esto no ocurra, al menos en el corto plazo?
El problema es que no hay mecanismos preventivos en México. Un modelo que podría adoptarse es el colombiano, que consiste en un acuerdo entre las autoridades financieras y del gobierno, con las fuerzas políticas, para delimitar las reglas del juego; es decir, definir un límite de los depósitos que se hacen a la cuenta de un candidato, y el estudio de los que depositan.
En lo absoluto, y es aquí precisamente donde urgen mejores controles y el sistema ideal para ello es el modelo colombiano, en donde las autoridades financieras, del gobierno y fuerzas políticas formaron un convenio para establecer las reglas del juego, que no es otra cosa que definir un límite del dinero que se puede depositar a la cuenta de apoyo del candidato en cuestión, y el estudio mínimo del que deposita. En el momento en que se detecte una irregularidad o esto nos e cumpla, se da pie a la unida de inteligencia financiera de Hacienda para que investigue.
La FEPADE persigue los delitos electorales, entre ellos el financiamiento con dinero ilícito…
Sí, pero lo hace a través de una denuncia penal, cuando el ilícito ya se cometió, también el IFE tiene algunos controles; pero lo que estamos planteando es que deben fortalecerse urgentemente los mecanismos de prevención del lavado de dinero para evitar que de inicio llegue el dinero a las campañas y las contamine.
¿Qué autoridades o instituciones se tienen que poner de acuerdo para impulsar un mecanismo preventivo como este?
En primera instancia la Asociación de Bancos de México, el IFE, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Unidad Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y los partidos políticos, por supuesto.
¿Este tipo de acuerdos sí funcionan?
En Colombia ha dado buenos resultados porque se tiene un mayor control de los depósitos que se hacen en la cuenta del financiamiento privado de la campaña, entonces no se trata mas que de tener certeza de quienes realmente son los que están depositando y los límites de los depósitos que hacen.
En materia legislativa, se discute en el congreso una ley en la materia…
Hay un proyecto de Ley Federal para combatir el Lavado de Dinero que es la primera que habría en el país; México es de los pocos países en el mundo que no tiene un marco legal de este tipo pues actualmente, sólo se controla, o se trata de controlar el lavado de dinero en el sector financiero, pero hay otras áreas que no tienen obligación de identificar o reportar operaciones probablemente inusuales.
¿Y el proyecto de ley es adecuado desde el punto de vista de la ACAMS?
Lamentablemente nos parece que se queda corto porque si bien contempla la operación con recursos de procedencia ilícita en el sector inmobiliario, los casinos, la venta de automóviles, no está contemplando el tema de las campañas y los partidos políticos, y esta es una buena oportunidad para que a nivel federal se introduzcan este tipo de obligaciones, el transparentar el financiamiento electoral. Es algo que ya se hace en Colombia, Argentina, Chile, Brasil y otros países de la región, y no hay explicación de porque en México no se lleva a cabo.
¿El llamado es para que los legisladores apuren y amplíen la iniciativa?
Para que salga adelante esta situación porque las ganancias millonarias de los narcotraficantes no esperan, ellos tienen un excedente de efectivo que buscan capitalizar y vuelve redituable su negocio, y las campañas de un año electoral son el blanco perfecto para ello.
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